INFOENN.- SANTO DOMINGO – La Dirección General de Aduanas (DGA) ha sido señalada por presuntamente violar su propio marco legal al retener un paquete cuyo valor es inferior al límite exento de impuestos establecido por ley. El afectado, el ciudadano Ramón Henríquez, asegura que compró unos amortiguadores por un monto de US$179 dólares, enviados a través del courier BM Cargo, y a pesar de haber entregado toda la documentación requerida que prueba el costo real del artículo, su paquete permanece retenido desde hace más de un mes.
De acuerdo a lo establecido por la Ley de Aduanas de la República Dominicana, las compras realizadas por internet con un valor inferior a US$200 dólares deben estar exentas de pagos de impuestos aduanales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la norma.
Sin embargo, en este caso, Aduanas alegó que el valor del paquete superaba el límite, ignorando las siguientes evidencias suministradas por el señor Henríquez:
• Certificación bancaria de que el pago fue hecho con tarjeta de crédito por un monto de US$179.
• Enlace directo del producto en Amazon, donde consta el precio exacto.
• Documentación del número de shipping y guía de entrega, que relaciona el paquete con la compra realizada.
A pesar de estas pruebas claras, la DGA insistió en mantener el paquete retenido y exigir el pago de impuestos, lo que —según abogados consultados por InfoENN— constituye un acto arbitrario e ilegal, además de un abuso de poder que vulnera derechos básicos de los consumidores.
Lo más grave, afirma el afectado, es que ya se le han acumulado recargos por el tiempo que el paquete ha permanecido injustamente en almacenes, sumando pérdidas económicas que nadie está dispuesto a reembolsar.
“Esto no solo es un atropello. Es una violación directa a una ley vigente. Lo triste es que el ciudadano común, aunque tenga la razón, no tiene cómo enfrentar estas injusticias institucionales”, expresó Henríquez.
El caso pone en evidencia un problema que afecta a cientos de usuarios de compras por internet en el país, quienes denuncian prácticas similares y la falta de mecanismos efectivos para hacer valer sus derechos frente a los abusos de la administración pública.
Ante esta situación, se hace un llamado urgente al Director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón "Yayo", para que ofrezca una respuesta clara y transparente sobre este caso específico y, al mismo tiempo, tome medidas concretas para evitar que situaciones como esta se repitan. La ciudadanía merece una institución que actúe con apego a la ley y garantice los derechos de los contribuyentes, en lugar de obstaculizarlos mediante decisiones arbitrarias.
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