Santo Domingo. — El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) está en proceso de adjudicar un contrato por RD$2,652 millones a las empresas ADN Services Ltda. S.R.L. y Disposición Sanitaria Capital S.A., amparado en un decreto presidencial de emergencia sanitaria nacional que no fue previamente documentado ni anunciado.
El Decreto 213-25, firmado por el presidente Luis Abinader el 16 de abril de 2025, invoca una crisis sanitaria para permitir la contratación por la vía de excepción. Sin embargo, no existe registro de alerta o informe epidemiológico por parte del Ministerio de Salud, el COE o la Alcaldía que avale tal emergencia.
Informe justificativo: después del decreto
Curiosamente, el informe técnico que sustenta la supuesta emergencia fue emitido cinco días después del decreto, el 21 de abril. En él se citan condiciones adversas en el vertedero de Duquesa y fallas en equipos como justificación para no cambiar de proveedor.
Licitación cancelada sin explicación
Antes del decreto, el 25 de marzo, el ADN tenía lista una licitación pública para la recolección de residuos. Sin embargo, esta fue suspendida sin anulación oficial, alegando que las condiciones del vertedero impedirían la participación de nuevos oferentes. El proceso por excepción se impuso, y con él, las empresas que ya operaban el servicio quedaron como únicas candidatas.
Distribución del contrato
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ADN Services Ltda. S.R.L.: RD$1,680,106,847.96 (circunscripciones 1 y 3)
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Disposición Sanitaria Capital S.A.: RD$972,860,000.00 (circunscripción 2)
El contrato tiene una duración de 36 meses, a pesar de que el estado de emergencia se declaró solo por 60 días.
¿Y los controles?
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no ha emitido observaciones públicas. El proceso se mantiene en etapa cerrada, pendiente de adjudicación formal, con poca transparencia y sin fiscalización previa efectiva.
Conclusión
El caso plantea serias interrogantes sobre el uso del estado de emergencia para evitar licitaciones abiertas. La falta de justificación sanitaria real, la exclusión de otros oferentes y la continuidad de los mismos contratistas generan inquietudes en torno a la transparencia, la planificación y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Con información de Panorama