PUERTO PLATA.– La reciente detención del comunicador Ángel Martínez en el puerto turístico de Taíno Bay, tras su llegada en un crucero, ha reactivado el debate sobre un proceso judicial que lleva años paralizado. Martínez fue arrestado por una orden emitida en 2021, cuando fue declarado en rebeldía por el tribunal que conoce una querella por presunta difamación e injuria interpuesta por el diputado Sergio “Gory” Moya.
Sin embargo, voces del ámbito jurídico y político, como la del dirigente Guido Gómez Mazara, han cuestionado la legalidad de mantener bajo arresto a Martínez, alegando que la acción penal podría estar prescrita. ¿Qué dice la ley dominicana sobre este tema?
Rebeldía y prescripción: lo que establece el Código Procesal Penal
De acuerdo con el artículo 47 del Código Procesal Penal (Ley 76-02), la prescripción de la acción penal se interrumpe cuando el imputado es declarado en rebeldía. Esto significa que el conteo del plazo de prescripción se detiene mientras persista esa condición legal.
Asimismo, el artículo 48 establece que la rebeldía también suspende el curso de la prescripción, reanudándose únicamente cuando el imputado comparece ante la justicia o es arrestado.
Esto implica que, aunque hayan pasado más de tres años desde que se emitió la orden de arresto, el plazo legal para que prescriba el caso contra Ángel Martínez no habría avanzado mientras él se mantuvo en rebeldía y fuera del alcance de la justicia dominicana.
¿Y qué pasa ahora que fue arrestado?
Según el artículo 148, la duración máxima de un proceso penal es de cuatro años, pero esta se interrumpe si el imputado huye o es declarado en rebeldía. Por tanto, el tiempo en que Martínez estuvo fuera no cuenta dentro del plazo procesal. Solo ahora, con su arresto, podría reanudarse el proceso y comenzar nuevamente a contar los plazos legales, incluyendo el de prescripción.
La acusación de “Gory” Moya
El diputado Sergio Moya, señalado en casos de corrupción por el Ministerio Público, denunció en 2021 que Ángel Martínez lo había difamado públicamente. Solicitó al tribunal que lo condenara a un año de prisión y al pago de 10 millones de pesos como indemnización.
En ese momento, Martínez no se presentó ante el tribunal, lo que llevó a que fuera declarado en rebeldía, lo cual, conforme a la ley, congeló los plazos legales del proceso.
Conclusión
Desde el punto de vista legal, la detención de Ángel Martínez parece estar amparada por la ley, ya que la rebeldía suspende la prescripción. No obstante, el contexto político del caso y las denuncias de retaliación reavivan el debate sobre el uso del sistema judicial para acallar voces críticas. Corresponderá al juez que conozca su presentación evaluar si el proceso debe continuar o si existen méritos para archivar el caso.
