🎯 Lockward: “Informe sobre Jet Set carece de validez legal; el presidente fue mal asesorado”

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PUERTO PLATA.– El abogado Ángel Lockward, representante legal en República Dominicana de una firma estadounidense que defiende a más de 30 víctimas del colapso en la discoteca Jet Set, cuestionó duramente el accionar del Gobierno y afirmó que el presidente Luis Abinader ha sido mal aconsejado respecto al manejo institucional del caso.

Lockward explicó que actualmente el proceso se encuentra en tres fases: las indagatorias del Ministerio Público —aún bajo carácter reservado—, las querellas depositadas por otros abogados ante la Fiscalía del Distrito Nacional, y los trámites de documentación que él personalmente está finalizando para someter querellas bien fundamentadas.

“Hemos recibido ya respuestas de entidades clave como el Ministerio de la Vivienda, custodio legal de los archivos de construcción desde la reforma de 2021. Esos documentos son esenciales para las acciones judiciales”, dijo.

Además, señaló que están representando entre 20 y 30 víctimas, tanto en suelo dominicano como en Estados Unidos, incluyendo ciudadanos norteamericanos, ya que el nombre comercial “Jet Set” está registrado en Nueva York. “Algunas víctimas tienen doble nacionalidad, y en otros casos estamos en proceso de validar quién tiene la representación legal, sobre todo cuando hay menores huérfanos”, detalló.

En cuanto al anuncio presidencial de que en dos semanas se presentará un informe sobre las causas del colapso, Lockward fue enfático: “El presidente fue mal asesorado. No existe un decreto que conforme legalmente esa comisión. Además, incluir extranjeros no acreditados ante ningún colegio profesional del país la invalida como soporte jurídico en un tribunal”.

Criticó que no se haya incluido al Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) ni a facultades académicas como la de Ingeniería de la UASD. “Es un grave error pretender presentar ese documento como independiente, cuando el Instituto encargado del informe depende directamente de la Presidencia”, afirmó.

Lockward advirtió que este tipo de decisiones solo refuerzan la percepción pública de que el gobierno busca encubrir responsabilidades: “Ese tipo de movimientos abonan la creencia de que se quiere echar tierra al fuego. Y eso no conviene a nadie”.

Finalmente, recordó que el Código Procesal Penal establece claramente cómo deben designarse los peritos en un proceso judicial. “No es una decisión del Ejecutivo, sino un procedimiento técnico con implicaciones legales muy específicas”, concluyó.

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