PUERTO PLATA.– El Ministerio Público solicitó la declaratoria de caso complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva, contra un hombre y una mujer señalados como cabecillas de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual comercial desmantelada en la provincia de Puerto Plata.
Los imputados Julio de la Cruz Vásquez (alias Nacho o Gordo) y Leonelis Rodríguez Martínez fueron sometidos a la justicia y la solicitud de medidas de coerción fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata.
Ambos enfrentan cargos por trata de personas agravada, abuso psicológico y sexual contra menores de edad, y proxenetismo agravado en violación a las leyes 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y al Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03). A De la Cruz Vásquez también se le imputa el delito de usurpación de funciones.
La orden de arresto fue ejecutada luego de que las autoridades determinaran que los acusados se dedicaban a captar, trasladar y ofertar mujeres y adolescentes de diferentes barrios de Puerto Plata con fines de explotación sexual.
La acción contra la red se puso en marcha el pasado 30 de mayo tras el inicio de una investigación liderada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Puerto Plata, encabezadas por sus titulares, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez y el fiscal Warlyn Taveras. También participaron la fiscal de la PETT Noelia Taveras y los fiscales de Puerto Plata Carmen Daynisa Rosario Pascual, Carmelina Soto e Hilda Patricia Lagombra Polanco.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público desplegó un conjunto de acciones de inteligencia e intervenciones estratégicas, que permitieron destapar un esquema estructurado y recurrente de criminalidad organizada.
Como parte de la investigación fue allanada una villa de dos niveles, ubicada en la calle principal del sector Cupey, en el municipio San Felipe, la cual era utilizada por la red como centro de operaciones. En el lugar fueron rescatadas nueve víctimas, entre ellas seis mujeres con edades entre 18 y 28 años, y tres adolescentes de 17 años.
Durante la investigación se estableció que en la villa se ofertaban servicios sexuales de mujeres y adolescentes entre 15 y 17 años, previo pago de sumas que oscilaban entre 120, 200, 250 y 400 dólares. En una de las transacciones se comprobó que el imputado De la Cruz Vásquez recibió la suma de 1,600 dólares por un sólo servicio.
Durante el operativo se ocuparon un vehículo tipo minibús, dinero en pesos y dólares, teléfonos móviles, y diversas bebidas alcohólicas. También fue encontrado un carné de identificación como empleado de contratación temporal de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), a nombre del procesado De la Cruz Vásquez.
Las acciones contra esta red comenzaron luego de que el 13 de marzo de 2025, la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, recibiera una denuncia confidencial que dio origen a la investigación.
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