El abogado penalista Miguel Valerio, representante legal de Antonio Espaillat, propietario del centro nocturno Jet Set, defendió el curso de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en torno al colapso del techo del establecimiento, ocurrido la madrugada del martes 8 de abril, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Durante una entrevista en el programa “De Entero Crédito”, conducido por el periodista Héctor Herrera Cabral, el abogado Miguel Valerio manifestó su respaldo al trabajo que realiza el Ministerio Público y consideró que el caso está siendo manejado con la seriedad que amerita.
“Sobre el tema de la prisa o no con que se quiera llevar este caso, lo importante es que se sepa la verdad: qué ocurrió, cómo ocurrió. Que haya una investigación amplia. Nosotros lo hemos dicho en múltiples ocasiones, en múltiples casos, y no lo voy a cambiar: yo confío en la profesionalidad del Ministerio Público”, expresó.
Valerio destacó además que antes de establecer cualquier responsabilidad, es necesario esperar los resultados del peritaje técnico. “Eso es lo primero, y ya lo han anunciado. Hay que ver qué fue lo que ocurrió, quiénes participaron, antes de tomar una decisión. Esa prudencia manda también a que uno vea con buenos ojos que el Ministerio Público investigue”, agregó.
El jurista explicó que su cliente no ha interferido en ninguna etapa del proceso y que está comprometido con la transparencia. “Estamos conteste con que se investigue, se depure, y si Antonio Espaillat, al final de cuentas, resulta ser el responsable, evidentemente tendrá que pagar su culpa. Pero hay que determinarlo”.
Finalmente, insistió en que el caso debe tratarse con cuidado, dado su nivel de impacto social. “Esa tragedia va más allá de una acusación rápida. Requiere profundidad, técnica y justicia”.
Antecedentes del caso
El siniestro ocurrió durante una presentación musical en la reconocida discoteca, ubicada en el sector Mirador Norte del Distrito Nacional. Según informes preliminares, el techo colapsó de forma repentina mientras el lugar operaba con público, lo que provocó la caída de parte de la estructura sobre los asistentes.
A raíz del suceso, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si existió negligencia, falta de mantenimiento o violaciones a los protocolos de seguridad en la infraestructura del local. Desde entonces, la Fiscalía ha citado a testigos, personal técnico y representantes de la empresa propietaria.
En medio del proceso, el empresario Antonio Espaillat se puso a disposición de las autoridades, y su defensa ha reiterado la intención de colaborar con el desarrollo de la investigación.
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