Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, fue asesinada este domingo al interior del Palacio Municipal de esa localidad, situada en la región de la Costa, al suroeste del estado de Oaxaca.
La noticia fue confirmada por el gobernador Salomón Jara Cruz, quien condenó enérgicamente el crimen. “No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia”, expresó en redes sociales.
Según la Fiscalía de Oaxaca, en el ataque también murió un hombre identificado con las iniciales C.R.G. Las primeras versiones señalan que un grupo armado ingresó de forma sorpresiva al edificio municipal y disparó directamente contra la alcaldesa y el otro individuo, quienes murieron a causa de las heridas.
García Soto, quien asumió la presidencia municipal en diciembre de 2022, gobernaba un municipio de apenas 2.000 habitantes enclavado en la zona montañosa del estado. En respuesta al ataque, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la región, en el que participan la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Este crimen ocurre apenas un mes después del asesinato de Mario Hernández, alcalde de Santiago Amoltepec, también en Oaxaca, quien fue emboscado y acribillado junto con su chofer y un policía municipal.
La violencia contra funcionarios públicos no se limita a zonas rurales. En Ciudad de México, la secretaria particular y un asesor cercano de la alcaldesa Clara Brugada fueron asesinados en un ataque armado en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez. El hecho ocurrió cuando ambos viajaban en un automóvil y fueron interceptados por sujetos en motocicleta. La funcionaria fue abatida al intentar huir; su cuerpo quedó tendido en la vía pública, según reportes de medios locales.
México vive una ola persistente de violencia contra autoridades locales. Desde 2006, cuando se desplegó la estrategia federal de combate al narcotráfico con participación militar, el país ha acumulado más de 450.000 homicidios, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado.
Las investigaciones sobre el asesinato de García Soto continúan, mientras las autoridades intentan esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
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