Santo Domingo, R.D. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles medidas de coerción contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat de Veras, propietarios del centro de entretenimiento Jet Set, cuyo colapso estructural dejó un saldo de más de 200 fallecidos y decenas de heridos en marzo pasado.
La jueza Fátima Veloz dictó contra los hermanos una medida consistente en impedimento de salida del país, presentación periódica ante el tribunal y el pago de una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una aseguradora para cada uno. Ambos son señalados por el Ministerio Público como responsables de homicidio involuntario, producto de negligencias graves en la infraestructura del local.
Tras conocerse la decisión, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, la calificó de “burla a las víctimas” y aseguró que será apelada de inmediato.
“Esta es una incorrecta valoración del tribunal. Las vidas perdidas, el dolor de las familias y la magnitud de la tragedia no pueden reducirse a una simple fianza”, manifestó el magistrado, visiblemente molesto.
La fiscalía había solicitado prisión preventiva para ambos imputados, alegando alto peligro de fuga, ocultamiento de pruebas y la gravedad de los hechos.
Hasta la fecha, se han presentado más de 80 querellas con constitución en actor civil por parte de familiares de las víctimas.
La indignación por la decisión ha sido evidente tanto en redes sociales como entre sectores defensores de los derechos de las víctimas, quienes exigen que el caso no quede impune.
