La Unión, Sosúa.- El conflicto entre residentes de la comunidad de Cerro Alto, y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) continúa generando tensiones, tras los desalojos realizados en días pasados y el proceso de levantamiento que actualmente se lleva a cabo en la zona.
Este martes, el director local del CEA en Puerto Plata, Padilla, volvió al terreno acompañado de abogados y una comitiva técnica, para realizar un nuevo censo de las viviendas habitadas, lo que generó diversas interrogantes por parte de los comunitarios.
Durante el recorrido, voceros comunitarios expresaron su preocupación ante la falta de claridad en el proceso, cuestionando si las personas cuyas casas fueron demolidas están incluidas en dicho levantamiento. También se planteó la necesidad de realizar tres censos separados: uno para quienes aún habitan las viviendas, otro para las personas afectadas por derribos y un tercero para los productores agrícolas y ganaderos, que aseguran tener años trabajando las tierras.
“Aquí hay gente que invirtió 200 mil, 700 mil, hasta un millón de pesos en mejoras, con préstamos que no pueden pagar. No es justo que solo censen a quienes todavía tienen casa de pie”, expresó un representante local durante la visita.
También se denunció que al menos 16 personas habrían perdido sus viviendas y mejoras, muchas de las cuales contaban con facturas, fotos y documentos que demuestran una ocupación prolongada del terreno.
En medio de la jornada, surgió la inquietud de sí el censo actual excluye a quienes fueron desalojados, así como a los agricultores que utilizan los terrenos para sustento familiar y cooperativas productivas.
“Nosotros no estamos en contra del desarrollo ni de que se construya lo que el gobierno determine, pero pedimos que no se desampare ni a los que perdieron su casa, ni a los agricultores, ni a los ganaderos. Todos merecemos una solución”, expresó otro de los voceros comunitarios.
Por su parte, Padilla, director local del CEA, declaró que el censo continúa en proceso, y que la intención es buscar una solución “salomónica” que contemple el bien común, aunque dejó claro que las decisiones finales no dependen exclusivamente de su oficina, sino de instancias superiores del gobierno.
Los comunitarios reiteraron su confianza en que el presidente de la República pueda intervenir para evitar que cientos de familias queden desamparadas.
InfoENN seguirá dando seguimiento a esta situación.
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