Cabo Rojo, Puerto Rico.- La dominicana Aracelys Terrero, quien fue arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras ser referida por un policía municipal sin orden judicial, fue liberada bajo fianza este martes, tras una audiencia en la que el juez concluyó que su detención fue improcedente.
El caso ha generado fuerte repercusión en sectores defensores de derechos humanos, luego de que se denunciara que Terrero, protegida bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y con permiso de trabajo vigente, fue trasladada fuera de Puerto Rico sin respetar el debido proceso, permaneciendo retenida en centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México.
“La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido. Las autoridades municipales, estatales y federales deben rendir cuentas. Desde la ACLU de Puerto Rico celebramos este paso que le permite reunirse con su familia, pero alertamos que existen múltiples casos similares de detención arbitraria”, expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
ACLU denuncia violaciones al debido proceso
La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) advirtió que, si bien Terrero fue liberada bajo fianza, el proceso administrativo migratorio en su contra continúa. La organización envió el pasado 9 de junio una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón, exigiendo claridad sobre los protocolos del gobierno de Puerto Rico en la colaboración con agencias federales de inmigración.
Abogado denuncia participación indebida de policías locales
El abogado de inmigración Ángel Robles, quien representa a Terrero, calificó la situación como una grave violación a los derechos humanos.
“Las agencias del orden público en Puerto Rico no pueden convertirse en partícipes de la barbarie. Lo que está ocurriendo responde a políticas extremistas y de exclusión que no deben ser adoptadas en nuestra isla, que es tierra de respeto y dignidad para todos”, expresó Robles.
La ACLU recalcó que la Policía Municipal no tiene autoridad para aplicar leyes migratorias sin un acuerdo formal 287(g) con el gobierno federal ni una orden judicial válida.
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