La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso este viernes la creación de un reglamento nacional sobre videovigilancia en los centros educativos, como respuesta al debate público generado por la instalación de cámaras en planteles escolares. La propuesta plantea que dicho reglamento sea elaborado con la participación del Ministerio de Educación (Minerd), la propia ADP, padres, madres y representantes de la sociedad civil.
En un comunicado de prensa, el gremio magisterial dejó claro que no se opone a la adopción de medidas de seguridad en las escuelas, siempre que estas no vulneren el derecho a la intimidad de estudiantes y docentes, ni se utilicen como herramientas de control laboral o disciplinario.
“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede ser impuesta de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa”, expresó la ADP.
- Diálogo multisectorial y sanciones por uso indebido
Además del reglamento, la ADP propuso la conformación de una mesa de diálogo que integre al MINERD, el Defensor del Pueblo, representantes de padres y amigos de la escuela, Unicef y otros sectores sociales. También sugirió establecer sanciones claras por la instalación irregular de sistemas de videovigilancia o el uso indebido de las grabaciones.
- Llamado al respeto de la ley y los derechos fundamentales
La ADP enfatizó que toda instalación de cámaras debe estar respaldada por una normativa legal clara, un proceso de consentimiento informado y transparente por parte de las familias, el personal docente y administrativo, y un estudio previo sobre su impacto legal, social y psicológico.
El gremio citó la sentencia TC/0096/19 del Tribunal Constitucional Dominicano, que reconoce la legitimidad del uso de tecnologías para combatir la inseguridad, pero advierte que estas deben respetar límites razonables que garanticen el derecho a la intimidad.
Asimismo, recordó que la Procuraduría de Protección de la Niñez y el Defensor del Pueblo han manifestado que cualquier política de videovigilancia escolar debe centrarse exclusivamente en la protección del menor y no en mecanismos de control punitivo o disciplinario.
- Marco internacional y protección de datos
La ADP también apeló a normativas internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales, y las observaciones de la Unesco y Unicef sobre vigilancia en entornos educativos.
Sobre la protección de las grabaciones, el sindicato recalcó que solo las autoridades competentes podrán acceder al material visual, y su uso debe estar estrictamente limitado a fines de seguridad. Cualquier difusión o publicación sin autorización podría conllevar consecuencias penales o administrativas.
“La ADP se mantiene firme en su compromiso de defender un ambiente escolar seguro, pero también libre, respetuoso de la dignidad humana y de la intimidad de cada miembro de la escuela”, concluyó la organización.
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