El Comandante Especial de la División Caribe de la DEA, Michael Miranda, se pronunció este jueves sobre los operativos de búsqueda realizados en República Dominicana para ubicar y capturar a cuatro presuntos delincuentes mexicanos, miembros del grupo criminal “Los Rugrats”, identificado como brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Según detalló Miranda, la operación —conocida como Operación Jaguar— se ejecuta en estrecha coordinación con el Gobierno dominicano, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional (DICRIM) y la Procuraduría General de la República (PGR).
“Con esta operación de precisión enviamos un mensaje contundente e inequívoco: los encontraremos, los arrestaremos y los llevaremos ante la justicia. La República Dominicana no es, ni será jamás, un refugio para el narcotráfico, ni para el Cártel de Sinaloa, ni para ninguna organización criminal,” enfatizó Miranda en un comunicado oficial.
El comandante también recalcó que la Operación Jaguar no se limita a incautar drogas o arrestar sospechosos, sino que tiene como objetivo principal proteger a las comunidades, fortalecer el estado de derecho y cerrar filas contra el crimen transnacional.
“El Cártel de Sinaloa y todos aquellos que crean que pueden explotar el Caribe como corredor para el narcotráfico están sobre aviso. La DEA y nuestros socios seguiremos colaborando a través de fronteras, entre agencias y tras cualquier barrera que los delincuentes intenten usar para esconderse,” afirmó.
Miranda exhortó a todas las agencias y a la ciudadanía a ser implacables y mantenerse unidos, reiterando que no se detendrán hasta que estas redes criminales sean desmanteladas y destruidas. “Que la Operación Jaguar sea una advertencia y una promesa”, concluyó.
PRÓFUGOS IDENTIFICADOS
Los prófugos buscados por las autoridades dominicanas y la DEA son Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zavala, quienes cuentan con orden de arresto judicial No. 2025-AJ0041408.
Se les acusa de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, además de los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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