El abogado Ángel Lockward consideró que es evidente que en República Dominicana, el Estado de derecho y las garantías a las leyes son solo una ilusión, debido a las actuaciones del Poder Ejecutivo, que sin competencia constitucional o legal intenta imponer su voluntad al margen de la justicia.
“He leído con estupor el trabajo que circula en un medio de comunicación de este día que recoge el contenido de un oficio del consultor Jurídico del Poder Ejecutivo al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, contrario al que días antes envió al doctor Pedro Richardson con relación a cabeza asociativa de los distritos municipales, igual que yo, todos los letrados del país deben estar asombrados”, sostuvo Lockward.
El jurista argumenta que el Poder Ejecutivo carece de competencia normativa en la vida municipal conforme a la constitucional y a la ley.
Además, dijo la Constitución es clara en materia de uso de suelo, al igual que lo hace la Ley 368/22 de ordenamiento to territorial, ya el Tribunal Constitucional mediante sentencia vinculante le restó competencia al Poder Ejecutivo y en particular al Consejo de Ministros, parte de ellos el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones para cualquier tipo de actuación en relación el con el uso de suelo, en este sentido cualquier actuación del el presidente de la República, Luis Abinader; el consultor Jurídico, Antoliano Peralta y el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, viola la decisión del Tribunal Constitucional.
También, dijo que el mismo consultor declaró en plena ejecución La ley 368/22, igual lo hizo por escrito
Agregó que él mismo admite que “falta un reglamento” que es falta suya, no de Veron o de la otra Banda y nadie puede alegar en su defensa su propia falta.
Asimismo, porque lo que puede reglamentar el Poder Ejecutivo no es lo relativo al uso de suelo, que es constitucional y es además cosa constitucional juzgada, sino aspectos procedimentales ajenos a eso.
También, indicó llama la atención el interés del Gobierno en intervenir en un conflicto de competencia municipal que es ajeno al poder ejecutivo confirma a la Constitución y a la ley en perjuicio de un municipio y de una región.
Por igual, expresó que está muy mal informado el presidente de la República cuando en el espacio La Semanal dice que la suspensión de los permisos de uso de suelo en violación a la ley no afecta el desarrollo del Este, pues ciertamente, como apuntó el preciosista que le preguntó hay unos 80 proyectos ros varados por falta de autorización de uso de suelo que compete a Veron
Por último, Lockward sostiene que lo que debe preguntarse el país es por qué un Gobierno somete una ley que habiendo sido aprobada Abinader promulga con el número 368/22 para de inmediato incumplirla.
