Los Ángeles, California. – Una jueza federal ordenó al Gobierno de Estados Unidos detener los arrestos migratorios sin causa probable en siete condados de California, incluyendo el área de Los Ángeles. La medida afecta a operativos realizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la administración de Donald Trump.
La jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, nombrada por el expresidente Joe Biden, dictaminó que el DHS ha estado deteniendo a personas basándose en criterios inconstitucionales como raza, idioma, acento, lugar de presencia o profesión.
La decisión judicial tiene un alcance limitado a siete condados bajo la jurisdicción del Distrito Central de California, pero podría sentar un precedente significativo sobre cómo las agencias federales deben conducir operativos migratorios.
“Este Tribunal decide, basándose en todas las pruebas presentadas, que así es”, escribió Frimpong en su fallo.
“No se presentó información suficiente sobre las bases de los arrestos”, añadió la magistrada.
La jueza también ordenó al DHS desarrollar nuevas directrices que exijan una “sospecha razonable” para justificar una detención, y que esta no se base en factores discriminatorios. Además, exigió al departamento mantener registros detallados de los arrestos y compartirlos regularmente con los abogados de los demandantes.
El fallo responde a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, en nombre de cinco personas y organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes. La querella argumenta que el DHS, que supervisa a la agencia ICE, ha ejecutado arrestos inconstitucionales en el Distrito Central de California.
El Gobierno sostuvo que los arrestos se basan en “información de inteligencia” o “análisis de tendencias”. Sin embargo, durante la audiencia, la jueza Frimpong mostró escepticismo ante los argumentos presentados y exigió evidencia concreta de que las detenciones se basan en información verificable y no en suposiciones relacionadas con zonas donde viven inmigrantes indocumentados.
La orden también incluye al FBI y al Departamento de Justicia, ambos implicados en la aplicación de políticas migratorias y señalados como acusados en la demanda.
