Por: José Natalio Redondo.-
Estoy plenamente convencido de que la decisión de manejar la inversión, el desarrollo y la administración del Teleférico de Puerto Plata a través de un fideicomiso público constituye una opción no solo correcta, sino necesaria. Esta figura legal, promovida por el presidente Luis Abinader, busca garantizar eficiencia, transparencia y sostenibilidad en proyectos que tradicionalmente han estado marcados por la ineficiencia estatal.
Contrario a lo que muchos creen —y otros prefieren hacer creer—, el fideicomiso público no implica privatización. La lectura cuidadosa del decreto presidencial que lo establece demuestra que se trata de una estructura absolutamente pública. El manejo institucional está garantizado por la participación activa de los ministerios competentes, representados por los funcionarios designados en cada momento. El bien público —en este caso, el Teleférico— no pasará ni directa ni indirectamente a manos privadas.
También es importante aclarar que esta figura es incluso más pública que la gestión ejercida hasta ahora a través de un patronato, que ha operado con limitaciones normativas, presupuestarias y estructurales. El fideicomiso, por el contrario, permite una planificación a largo plazo, la atracción de inversiones responsables y una ejecución técnica más eficiente.
Dicho esto, hay dos elementos que no deben pasarse por alto:
1. El reconocimiento a los comerciantes locales. La Asociación de Comerciantes que ha invertido y trabajado durante años en la zona del Teleférico tiene todo el derecho de exigir ser incluida en los procesos de diseño, reconstrucción y modernización del proyecto. Su compromiso y resistencia han sido pilares en la sostenibilidad actual de ese espacio turístico y cultural. Su lucha debe ser escuchada, respetada y, sobre todo, incorporada al nuevo modelo de gestión.
2. La necesidad de una mejor comunicación gubernamental. El Gobierno debe realizar una autocrítica seria en cuanto a su estrategia de comunicación. El prolongado silencio institucional ante una medida tan relevante ha generado incertidumbre, rumores y tensiones innecesarias. Lo que pudo haberse explicado de manera clara y oportuna, ha terminado amplificándose como una crisis de percepción pública. Peor aún: ha servido como herramienta discursiva para una oposición ávida de debilidades comunicativas.
El fideicomiso público no es el enemigo del pueblo. Es un instrumento moderno que bien aplicado puede garantizar una gestión más efectiva, participativa y duradera. Sin embargo, toda política pública necesita respaldo social, y este solo se consigue con información clara, diálogo franco y participación real.
Puerto Plata tiene en sus manos una oportunidad de oro para relanzar su símbolo turístico más emblemático. Aprovechémosla con inteligencia, responsabilidad y visión de futuro.
