Lo ocurrido con el periodista Edward Ramírez no es un hecho aislado. Es el reflejo de una realidad cotidiana que se vive en los barrios, pueblos y provincias de la República Dominicana. Una realidad donde la Policía Nacional, lejos de proteger, abusa; lejos de servir, intimida.
El pasado miércoles, Edward fue dado por desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Sus familiares, compañeros de trabajo y colegas de los medios iniciaron una campaña urgente para exigir respuestas. La sorpresa fue que quien lo tenía era la Policía Nacional, detenlo injustificadamente luego de identificarlo como periodista, mostrar sus documentos y relatar que acababa de ser víctima de un incidente violento mientras entrenaba como atleta.
¿Qué hizo la policía tras confirmar que no tenía antecedentes penales? ¿Lo protegió? ¿Lo asistió? No. Lo paseó durante más de cinco horas en un camión junto a otros detenidos, algunos posiblemente bajo situaciones similares, simplemente por “sospecha”, por “estar sudado”, por “verse alterado”.
Durante su detención, se le negó el derecho a comunicarse con su familia, a llamar a un abogado, a notificar su paradero. Se le requisó, se le incautó el celular, se le aisló. Se vulneraron sus derechos básicos, y todo esto a pesar de identificarse como miembro de la prensa.
Esto no solo constituye una detención arbitraria, sino que puede interpretarse como un intento de cuartar la libertad de expresión, al tratarse de un profesional de la comunicación que representa a un medio de alcance nacional.
Pero lo más preocupante es que esto le puede pasar —y le pasa— a cualquier dominicano, todos los días. En campos, en barrios, en esquinas, donde los derechos son ignorados y las patrullas actúan como si fueran jueces, fiscales y carceleros al mismo tiempo.
En la República Dominicana, todo ciudadano detenido tiene derecho a ser informado del motivo de su detención, a comunicarse de inmediato con un familiar o abogado, y a ser tratado con respeto y dignidad. Sin embargo, estos derechos son pisoteados a diario, como si fuesen privilegios y no garantías constitucionales.
Lo de Edward Ramírez no puede quedar como una simple anécdota. Su caso debe marcar un precedente. No se trata solo de él. Se trata del trato que reciben miles de dominicanos humildes, invisibles para el sistema, que terminan “ajo”, como dice la jerga policial.
Reclamamos una reforma policial real, no de discursos. Una policía que sea humana, formada, controlada y supervisada. Una policía que no arreste periodistas por ser periodistas, ni ciudadanos por verse “sudados”, ni que use el uniforme como excusa para atropellar.
Porque una democracia donde los derechos se ignoran y el miedo manda, es una democracia incompleta.
