SANTO DOMINGO. – El jurista César Amadeo Peralta advirtió este martes que todos los ciudadanos deben conocer el nuevo Código Penal de la República Dominicana, ya que muchas conductas comunes que antes se tomaban a la ligera ahora serán penalizadas con sanciones contundentes, incluso prisión.
“Este no es un código solo para abogados, jueces o fiscales. La ciudadanía en general debe estudiarlo. Ya no estamos hablando de simples advertencias, estamos hablando de sanciones penales reales y contundentes”, afirmó Peralta durante su participación en el programa El Sol de la Tarde, que se transmite por Zol 106.5 FM.
Como ejemplo, citó que a partir del 3 de agosto de 2026, toda persona que use uniformes, insignias o distintivos de instituciones oficiales sin autorización podrá ser sancionada con hasta tres años de prisión, conforme a los artículos 317 y 318 del nuevo texto legal.
“Antes era común ver personas usando vestimentas similares a las de cuerpos castrenses o policiales, como si se tratara de una moda. Eso se acabó. Ahora será un delito”, enfatizó.
El abogado explicó que el Código Penal ya ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo y entrará en vigor a las 12:00 de la medianoche del 3 de agosto de 2026. Cualquier hecho delictivo ocurrido a partir de esa fecha será juzgado bajo las nuevas disposiciones, mientras que los delitos anteriores continuarán bajo la normativa actual.
Aunque reconoció que algunos puntos del nuevo código podrían generar debates jurídicos por falta de consenso, aseguró que representa un paso firme hacia la modernización del sistema penal dominicano.
Peralta también subrayó la inclusión de más de 70 nuevos tipos penales, incluyendo sanciones para prácticas que hoy se ven con frecuencia, como la emisión o uso de certificados médicos falsos para entorpecer procesos judiciales. En estos casos, un médico que incurra en esa conducta en un centro público podría enfrentar hasta tres años de prisión, y el paciente que use dicho certificado falso hasta dos años.
Otra modificación relevante que mencionó fue la penalización de declaraciones falsas ante la administración pública, como alterar el valor de una propiedad en una compraventa, acción que también acarreará penas de cárcel conforme al artículo 353 del nuevo código.
El jurista concluyó reiterando su llamado a la ciudadanía: “Es deber de todos conocer las reglas que regirán la vida penal del país. Ignorar la ley no evitará las consecuencias”.