Santo Domingo.– Representantes del sector ambiental destacaron la necesidad de conformar un comité técnico de veeduría que acompañe el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental del Proyecto Romero, recientemente iniciado tras la aprobación de los Términos de Referencia (TDR) por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Aclararon que la aprobación de los TDR no implica una autorización para explotar la mina, sino que únicamente habilita el comienzo del estudio técnico que evaluará la viabilidad ambiental del proyecto minero en San Juan de la Maguana.
El ambientalista Víctor Almánzar, exdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, insistió en la importancia del acompañamiento técnico desde la sociedad civil.
“Y aquí hay dos instituciones que juegan un papel fundamental, que son las academias: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Comisión Ambiental, y también la Academia de Ciencias, como se hizo con otros proyectos también mineros. Entonces, repito, ese acompañamiento para mí es fundamental”, expresó Almánzar.
En la misma línea, Eli Martínez Mena, profesor de la UASD y miembro de ambas comisiones ambientales (UASD y Academia de Ciencias), aseguró que la participación técnica debe estar respaldada por el conocimiento especializado.
“Hay personalidades dentro de la Academia de Ciencias, dentro de las universidades, dentro de muchísimas entidades que podrían formar un equipo multidisciplinario que dé acompañamiento y que sirva de garantía”, sostuvo.
El procurador de Medio Ambiente, magistrado Francisco Contreras, destacó el rol activo de las comunidades y su derecho a ser escuchadas.
“La comunidad está empoderada y es importante que sea escuchada, que sean escuchados los técnicos y que puedan hacer levantamientos la Comisión Ambiental de la UASD, la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, organismos internacionales y que se le dé participación a la comunidad, a los comunitarios, a los campesinos”, afirmó.
Por su parte, Nelson Bautista, representante de la ONG Acción Verde Incorporada, enfatizó en que el proceso debe contar con instituciones creíbles.
“Lo menos que podemos esperar como ciudadanos y como ambientalistas es que todo el proceso de análisis de los TDR y el enjundioso estudio técnico esté acompañado de instituciones debidamente acreditadas y cuya credibilidad no esté en cuestionamiento”, dijo.
Bautista agregó que, debido a la magnitud del proyecto, este debe ser respaldado por estudios con validez académica, social y científica.
El abogado ambientalista Nelson Pimentel coincidió, señalando que los TDR representan una oportunidad para brindar garantías a la ciudadanía.
“Con la garantía de la intervención de entidades técnicas como la Comisión Ambiental de la UASD, la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, y entidades internacionales como el PENUMA, se puede constituir un equipo que garantice, con la debida veeduría, resultados confiables y sólidos para la tranquilidad del pueblo dominicano”, expresó.
La ingeniera Carmen Veloz, integrante de la Comisión Ambiental de la UASD y del CODIA, insistió en que la veeduría debe ser técnica e independiente.
“Debe haber esa veeduría con el expertise técnico completamente independiente, desde la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la UASD y equipos internacionales que sean especialistas en evaluaciones ambientales mineras”, apuntó.
Por último, el abogado ambientalista Carlos Vargas reiteró que la transparencia es esencial desde el inicio del proceso.
“Ese concepto que establece la Ley de Legitimación Procesal Activa, de transparencia y participación en la justicia, significa que desde el primer momento en que se empieza a levantar la información, debe conocerse quién la levanta, dónde, cómo. Y no solo el equipo de la UASD o de la Academia de Ciencias, sino también universidades privadas, el CODIA y otras entidades deben participar y opinar”, concluyó.
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