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lunes, febrero 2, 2026
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Supuesto olor a marihuana en baño del Senado de Filipinas provoca pruebas obligatorias de drogas

Un supuesto “olor a marihuana” detectado en uno de los baños del Senado de Filipinas llevó este lunes al presidente de la cámara alta, Francis Escudero, a ordenar pruebas obligatorias de drogas para todos los funcionarios y empleados del organismo.

El caso ya ha provocado la dimisión de una trabajadora, que mantiene su inocencia, así como la presentación de decenas de tests voluntarios por parte de legisladores y personal administrativo.

La semana pasada, el equipo de seguridad del Senado abrió una investigación oficial tras reportar un olor sospechoso en un baño donde se encontraba una empleada del senador Robin Padilla, identificada como Nadia Montenegro.

La trabajadora rechazó las acusaciones y, en su carta de dimisión, alegó que en el baño solo llevaba un vapeador con sabor a uva. “Si ese supuesto olor, que se parecía al de la marihuana, provenía del baño de mujeres, no debería atribuírseme”, denunció en la misiva, confirmada este lunes por la oficina de Padilla.

Montenegro aseguró ser inocente pero dijo verse obligada a renunciar para “evitar más distracciones y daños”.

FILIPINAS DROGAS

Reacciones y pruebas de drogas

El presidente del Senado, Francis Escudero, explicó en una carta publicada por la cadena ABS-CBN que el objetivo es garantizar la transparencia institucional. “El Senado tiene la firme intención de realizar pruebas aleatorias obligatorias de detección de drogas a todos los funcionarios y empleados”, señaló.

Aunque no está claro si la medida se aplicará también a los senadores electos, algunos ya se sometieron voluntariamente a las pruebas. El senador Juan Miguel Zubiri se hizo el test junto con sus 35 empleados, mientras que su colega Raffy Tulfo manifestó estar dispuesto a hacerlo con todo su equipo.

El trasfondo de la “guerra contra las drogas”

Este episodio se produce en un país marcado por la política antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), cuya cruzada sangrienta dejó al menos 6.000 muertos, según la Policía. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 30.000 ejecuciones extrajudiciales.

Duterte enfrenta actualmente un proceso en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., prometió continuar la lucha contra los estupefacientes bajo una política “sin derramamiento de sangre”, aunque organismos como Amnistía Internacional han denunciado abusos y detenciones arbitrarias bajo su gobierno.

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