El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la suspensión inmediata de todas las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser indagados durante el ejercicio del poder, salvo por los delitos contemplados en la Constitución para su destitución.
El máximo tribunal declaró fundada la demanda presentada por el Gobierno, que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo puede ser investigada durante su mandato por los delitos establecidos en el artículo 117 de la Carta Magna: traición a la patria, disolver indebidamente el Congreso o impedir elecciones.
Actualmente, Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales, entre ellas por la muerte de al menos 59 personas durante las protestas tras la detención de Pedro Castillo en 2022, además de indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos.
Popularidad en mínimos históricos
La mandataria, que afronta su último año de gobierno, registra apenas un 3 % de aprobación, lo que la convierte en la gobernante más impopular de Latinoamérica, según encuestas recientes.
Boluarte también es investigada en el caso conocido como “Rolexgate”, por supuestamente haber recibido sobornos en forma de relojes y joyas de lujo. Asimismo, enfrenta cuestionamientos por no haber informado su incapacidad temporal mientras se sometía a cirugías estéticas, caso en el que incluso se investiga la presunta falsificación de su firma en documentos oficiales.
Otra investigación la vincula con un presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, con el que fue elegida vicepresidenta en la candidatura de Pedro Castillo. Cerrón permanece prófugo y un vehículo presidencial fue visto cerca de una residencia donde se sospecha que estuvo oculto.
Investigaciones congeladas hasta 2026
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, todos estos expedientes fiscales quedarán suspendidos hasta que Boluarte concluya su mandato, el 28 de julio de 2026, cuando entregue el poder al ganador de las elecciones previstas para la primera mitad del próximo año.
“Se protege la institución presidencial de toda intromisión o perturbación que incida sobre el desempeño regular del cargo”, sostiene la resolución, aprobada con cinco votos a favor de un total de siete magistrados.
Los jueces precisaron que este régimen especial “no busca proteger a la persona que ocupa el cargo, sino la autoridad inherente a la alta función pública del titular de la Presidencia”.
El caso “Rolexgate” y el papel del Congreso
Dentro del caso “Rolexgate”, tanto la vivienda personal de Boluarte como las dependencias de Palacio de Gobierno fueron registradas en busca de pruebas que sustenten una acusación por corrupción.
Hasta ahora, la Fiscalía había continuado las investigaciones, pero para formalizar una imputación requería la autorización del Congreso, que debía levantarle la inmunidad. Sin embargo, todas las denuncias presentadas por el Ministerio Público fueron archivadas por el Legislativo, dominado por bancadas conservadoras que han sostenido a Boluarte en el poder.
La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, subrayó en declaraciones a Canal N que la decisión “no se basa en la persona de Boluarte, sino que aplica a cualquier presidente en ejercicio”.
Antecedente con Pedro Castillo
El fallo reavivó el debate político en Perú. Analistas recordaron que, de haber estado vigente esta interpretación durante la gestión de Pedro Castillo (2021-2022), el exmandatario no habría podido ser investigado pese a los indicios de corrupción en su administración.
Precisamente, las pesquisas de la Fiscalía contra Castillo motivaron que intentara un fallido autogolpe de Estado en diciembre de 2022, cuando ordenó disolver inconstitucionalmente el Congreso, lo que derivó en su destitución y posterior encarcelamiento.
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