Santo Domingo. – El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Educación (Minerd) desalojar los terrenos donde opera desde hace más de tres décadas la Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández, ubicada en la comunidad de Tres Ceibas, distrito municipal Villa Magante, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat.
La sentencia, identificada como TC/0707/25, establece que el desalojo deberá ejecutarse en un plazo de 30 días después de finalizado el período escolar 2025–2026. Además, impone al Minerd una astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retardo en la ejecución de la orden judicial.
Argumentos del Tribunal
El Constitucional reconoció que, aunque el Estado tiene el deber de garantizar educación pública gratuita, ese derecho no puede ejercerse en perjuicio de la propiedad privada sin agotar el debido proceso de expropiación ni el pago del justo precio.
La alta corte recordó que el acceso a la justicia en materia de propiedad es imprescriptible y que el Minerd mantiene una ocupación ilegal y continua sobre el terreno, sin documentos que acrediten titularidad ni constancia de un procedimiento expropiatorio.
El accionante, Juan Antonio Pérez Rodríguez, demostró con títulos y documentos sucesorales que es legítimo propietario de la parcela de 6,412.05 metros cuadrados, donde desde hace más de tres décadas el Minerd construyó y mantiene el plantel escolar sin autorización ni acuerdo de compra o arrendamiento.
El TC señaló que esta situación vulnera el derecho de propiedad, y por ello dispuso que la restitución del inmueble se haga efectiva una vez finalice el año escolar, con el fin de salvaguardar el interés superior de los niños y niñas que actualmente reciben docencia en el centro educativo.
Voto disidente
La jueza Sonia Díaz Inoa emitió un voto disidente en el que expresó su desacuerdo con la decisión, argumentando que la eliminación de un centro escolar con más de 30 años de servicio constituye un retroceso social y educativo.
Díaz Inoa destacó que el cierre del plantel provocaría incertidumbre en la comunidad escolar e impactaría de manera negativa el desarrollo integral de los estudiantes.
“Ignorar estas obligaciones no solo vulnera derechos fundamentales, sino que constituye un retroceso social inaceptable, subordinando el futuro de generaciones enteras a intereses patrimoniales privados”, sostuvo la magistrada.
La jueza consideró que el fallo del TC debió ponderar de forma más profunda el derecho a la educación frente al derecho de propiedad, tomando en cuenta la función social de los terrenos, el interés público y la especial protección que la Constitución y los tratados internacionales otorgan a los niños, niñas y adolescentes.
Impacto en la comunidad
El caso ha generado preocupación en Villa Magante y en todo Gaspar Hernández, ya que la Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández es uno de los principales centros de nivel primario de la zona. Su posible cierre plantea retos para garantizar la continuidad educativa de cientos de estudiantes que dependen de este plantel.
La discusión abre nuevamente el debate sobre la necesidad de que el Estado disponga de los recursos suficientes para regularizar la ocupación de terrenos destinados a escuelas, a fin de evitar conflictos judiciales que puedan afectar el derecho a la educación.
