Aunque República Dominicana mantiene una posición destacada como uno de los principales destinos de inversión extranjera directa (IED) en el Caribe, el país aún enfrenta obstáculos significativos que limitan su potencial económico. Así lo establece el documento "Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana", publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe reconoce los avances del Gobierno dominicano en materia de crecimiento económico, estabilidad política y promoción de la inversión, pero advierte que persisten problemas estructurales que preocupan a los inversionistas extranjeros.
Entre ellos se destacan la corrupción administrativa, la inseguridad ciudadana, la burocracia, y la falta de reformas clave en sectores estratégicos como el eléctrico.
"El gobierno actual, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha realizado un esfuerzo concertado para abordar los problemas de corrupción y transparencia – retos centrales para la prosperidad social, económica y política – promoviendo la independencia del Ministerio Público, nombrando profesionales técnicamente competentes en puestos de liderazgo y promulgando una ley de decomiso civil de bienes", dice el documento que también afirma que el actual gobierno ha optado por no priorizar reformas importantes apoyadas por inversionistas, incluyendo la reforma del sector eléctrico y la alta informalidad.
Los inversionistas extranjeros continúan señalando la falta de transparencia y la deficiente implementación de las leyes existentes como desafíos clave en el clima de inversión.
Entre las quejas se encuentran percepciones de corrupción generalizada tanto a nivel nacional como local, falta de competencia técnica dentro del Gobierno, retrasos en los pagos estatales, obstáculos burocráticos y procedimientos no estandarizados en la valoración aduanera y clasificación de importaciones.
"Las leyes débiles sobre tenencia de tierras y la interferencia con los derechos de propiedad privada siguen siendo un problema. Además, los inversionistas perciben que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y excesivamente lenta", sostiene el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Favorecen a empresas con conexiones políticas
Según el documento, los inversionistas han expresado que "frecuentemente" las licitaciones públicas no se redactan ni ejecutan de forma competente, y que algunas se organizan de manera intencional para favorecer a empresas con conexiones políticas. Esta percepción se extiende también al ámbito municipal, donde se reportan irregularidades en la tramitación de permisos.
Además, se señala que el Gobierno no exige a las empresas privadas la implementación de códigos internos de conducta que prohíban el soborno a funcionarios públicos, lo que debilita los mecanismos de control ético en el sector empresarial.
Aunque existen leyes y regulaciones contra la corrupción, el informe subraya que la percepción de corrupción sigue siendo un obstáculo para la inversión. República Dominicana mejoró su posición en el Índice de Percepción de Corrupción de 137 (2020) a 104 (2024).
El documento destaca el trabajo de la administración del presidente Abinader en la investigación de altos funcionarios, incluyendo aliados políticos, y la creación de medidas provisionales como la Resolución No. 416-23 para fortalecer los procesos de contratación pública.
Organizaciones de la sociedad civil, como FINJUS, Participación Ciudadana y ADOCCO, juegan un papel clave en la supervisión de la transparencia.
Corrupción
La República Dominicana cuenta con un marco legal que incluye leyes y regulaciones para combatir la corrupción, y establece sanciones penales para funcionarios corruptos. Aunque persisten desafíos, la aplicación de estas leyes ha mejorado debido al mayor enfoque de la administración Abinader en la transparencia.
A diferencia de administraciones anteriores, las investigaciones sobre corrupción y los arrestos han enfocado a funcionarios de alto nivel, no solo de partidos opositores, sino también a funcionarios actuales y anteriores de la coalición gobernante.
El índice de percepción de corrupción de Transparency International mejoró para la República Dominicana, pasando del puesto 137 en 2020 al 104 en 2024.
La Ley No. 340-06 sobre Contrataciones y Compras Públicas prohíbe adjudicar contratos públicos a personas o entidades donde exista un conflicto de interés. Sin embargo, el gobierno no exige que las empresas privadas establezcan códigos internos de conducta que, entre otras cosas, prohíban sobornos a funcionarios públicos.
No obstante, las empresas estadounidenses continúan señalando la corrupción como un obstáculo para la inversión extranjera directa (IED), afirma el documento.
A menudo se quejan de la falta de competencia técnica en los ministerios, lo que resulta en licitaciones públicas mal elaboradas o ejecutadas, sin seguir las mejores prácticas internacionales.
Algunas empresas incluso sugieren que ciertas licitaciones problemáticas se diseñaron intencionalmente para favorecer a empresas con conexiones políticas.
La comunidad empresarial también ha denunciado la corrupción a nivel municipal, que afecta procedimientos como los de permisos y licencias.
Las empresas estadounidenses que operan en el país suelen implementar robustos programas de cumplimiento para asegurar la adherencia a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA).
Seguridad ciudadana y migración
Aunque se ha registrado una reducción en las tasas de robo y homicidio en los últimos dos años, el informe subraya que la delincuencia común —especialmente el robo callejero con armas— sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y de los inversionistas.
Respecto a la migración haitiana, el documento señala que algunos sectores como la agricultura y la construcción dependen de trabajadores haitianos indocumentados, quienes carecen de medios para regularizar su situación legal. También se advierte que los esfuerzos por controlar la frontera han llevado a la detención de personas identificadas erróneamente.
Informalidad y falta de reformas
Estados Unidos, como principal inversionista en el país, lamenta que el gobierno del presidente Luis Abinader "se ha negado a priorizar importantes reformas apoyadas por los inversionistas", como la del sector eléctrico y la reducción de la informalidad laboral, que afecta al 55 % de la fuerza de trabajo.
Aunque el Código de Trabajo exige que el 80 % de la plantilla de las empresas esté compuesta por ciudadanos dominicanos, el informe indica que este requisito no siempre se cumple, debido a la ausencia de un mecanismo formalizado de aprobación de inversiones extranjeras.
Requisitos de Desempeño y Localización de Datos
El informe resalta que República Dominicana no tiene una política de localización forzada que obligue a los inversionistas extranjeros a utilizar contenido nacional en bienes o tecnología. Tampoco existen reglas que exijan almacenamiento local de datos.
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No hay requisitos de desempeño, ya que no existe distinción entre inversión nacional y extranjera.
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Los incentivos a la inversión se aplican de manera uniforme a inversionistas locales y foráneos, en cumplimiento con las normas de la OMC.
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No hay exigencias para que los proveedores extranjeros de TI entreguen códigos fuente ni para que otorguen acceso a sistemas de encriptación.
La Ley No. 172-13 sobre protección integral de datos personales restringe a las empresas de transmitir libremente datos de clientes u otros datos relacionados con negocios dentro o fuera de la República Dominicana. Según esta ley, las empresas deben obtener el consentimiento expreso y por escrito de las personas para transmitir sus datos personales, salvo que aplique una excepción.
La Superintendencia de Bancos supervisa y hace cumplir estas normas, aunque su jurisdicción cubre principalmente a bancos, burós de crédito y otras instituciones financieras.
