En apenas tres meses, el país ha sido estremecido por al menos diez casos desgarradores de violaciones y agresiones sexuales contra menores y mujeres. Dos de los más recientes incluyen el agravante de haber sido perpetrados en grupo.
Es aterrador pensar que estas atrocidades puedan convertirse en parte de una “nueva normalidad”. No podemos, bajo ninguna circunstancia, permanecer indiferentes ante hechos que ponen en evidencia el profundo deterioro social que enfrentamos.
Lo más alarmante es que ya no sabemos en quién confiar. Amigos, vecinos, allegados, líderes religiosos e incluso familiares han sido señalados como responsables de estos crímenes. Vivimos en la sociedad de la desconfianza, donde del menos esperado pueden surgir los actos más depravados.
La gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer con los violadores? El caso ocurrido en Los Mina confirma que la cárcel no es suficiente para quienes cometen estas atrocidades. Un pedófilo que ya había cumplido 15 años por un crimen similar volvió a las calles y cazó a otra víctima: un niño de condiciones especiales que fue violado y asesinado a solo días de cumplir sus 11 años de edad. Esto deja claro que el sistema penitenciario dominicano no está funcionando. No está regenerando a nadie.
En otros países, como Estados Unidos, existen mecanismos para identificar a estos agresores y restringir su acceso a zonas donde residen niños. Aquí, en cambio, el dolor de las víctimas y la sangre de quienes han sido asesinados en estos ataques claman justicia sin encontrar respuesta real.
El nuevo Código Penal apenas contempla penas de hasta 20 años en estos casos. ¿Es eso suficiente? Muchos proponen la castración química como alternativa, y si la tendencia de violencia continúa, esta medida dejará de ser vista como extrema para convertirse en una opción seria de discusión.
