La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió este jueves que los funcionarios y particulares involucrados en casos de corrupción administrativa y lavado de activos podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, gracias al cúmulo de sanciones que establece el nuevo Código Penal dominicano.
La funcionaria explicó que, con la entrada en vigencia del nuevo marco legal, los delitos que afectan el patrimonio público tendrán sanciones más severas y acumulativas, dependiendo de la gravedad y la cantidad de infracciones cometidas.
Durante una conferencia en el INFOTEP, Reynoso detalló que la corrupción será considerada un delito autónomo y, cuando se combine con lavado de activos o asociación de malhechores, las penas pueden alcanzar el máximo previsto por la ley.
Además de la cárcel, los condenados enfrentarán multas del doble de lo sustraído y la inhabilitación de por vida para ejercer funciones públicas. La procuradora reiteró que el Ministerio Público actuará con firmeza para proteger los recursos del Estado y aseguró que el país cuenta hoy con uno de los sistemas más estrictos de sanción a la corrupción en toda la región.
