El Congreso de Guatemala aprobó una ley que declarará a las pandillas como organizaciones terroristas, después de que el país atraviesa por una crisis de seguridad. En días pasados se fugaron de una cárcel 20 cabecillas de una pandilla criminal.
Con el respaldo de 145 diputados, el Pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, informaron en un comunicado.
Terroristas a cada integrante de las pandillas
“La nueva normativa establece un marco jurídico claro para la identificación, designación y tratamiento de estos grupos delictivos y organizaciones criminales transnacionales y terroristas, además de fortalecer y de forma rigurosa las sanciones penales”.
La ley también califica como terroristas a los integrantes de las pandillas y endurece las penas para diversos delitos como la extorsión, lucro y reclutamiento de menores.
En el comunicado, el Congreso especificó que la ley contempla la creación de centros penitenciarios de máxima seguridad para estos grupos, uno preventivo y otro para el cumplimiento de condenas, “con el fin de promover una coordinación interinstitucional efectiva para abordar integralmente esta problemática”.
Penas de 14 a 18 años de prisión
“La nueva Ley endurece penas para quienes cometan delitos y se elevan si los hechos son cometidos por parte de pandilleros; el artículo 2, declara a las maras y pandillas, entre estos del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS), como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas”, dejaron en claro.
La iniciativa sancionará con penas de 14 a 18 años de prisión y multas de 100,000 a 300,000 quetzales (entre 13,000 y 39,000 dólares) a quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para participar en actividades delictivas.
El artículo 9 de la iniciativa ampliará los delitos considerados como delincuencia organizada en Guatemala como violación, agresión sexual, femicidio, reclutamiento ilícito de menores, extorsión, enriquecimiento ilícito extorsivo, comercialización de vehículos robados, asociación de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas y el uso ilegal de uniformes o insignias.
Endurecerán las sanciones
Mientras que el artículo 11, contempla aumentar las penas para quienes cometan obstrucción extorsiva de tránsito, con sanciones de hasta 18 años de prisión y medidas cautelares.
Endurece las sanciones por infringir prohibiciones para los detenidos, como cantidades de dinero, radios o teléfonos celulares, equipos para acceso a internet y drones.
“Se aumenta la pena de cárcel al delito de extorsión de hasta 18 años, actualmente la pena es de 6 años de cárcel; además, se crea el delito de enriquecimiento ilícito, que castiga con penas de 14 a 18 años de prisión. También se crea la figura de usura, con pena de 4 a 10 años de cárcel, más multas que van desde los 200,000 quetzales hasta 500,000 (26,000 hasta 65,000 dólares)”, pronunciaron.
