Santo Domingo. – El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró al Estado dominicano responsable patrimonialmente por la detención injusta de De la Rosa Romero, ordenando el pago de una indemnización de RD$2,250,000.00 por los daños y perjuicios ocasionados.
La sentencia número 30-03-2025-SSEN-00525, dictada el 3 de octubre de 2025, también responsabiliza de manera directa al entonces procurador fiscal William de Jesús Viloria Santos, al considerar que actuó de forma negligente y violatoria de derechos fundamentales durante el proceso.
Una década de lucha judicial
El proceso judicial se remonta a junio de 2013, cuando De la Rosa Romero inició su reclamo tras haber sido arrestado en agosto de 2011 y mantenido bajo prisión preventiva durante más de ocho meses, sin pruebas suficientes que justificaran la medida.
Pese a que fue liberado mediante un Auto de No Ha Lugar, el caso atravesó años de apelaciones, revisiones judiciales y decisiones contradictorias que retrasaron el reconocimiento de la injusticia.
En 2019, el TSA había rechazado la demanda; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de su Tercera Sala, ordenó en 2022 una nueva evaluación sobre la correcta aplicación del Código Procesal Penal y los derechos de indemnización por detenciones arbitrarias.
Suprema Corte marcó el rumbo
El litigio cobró fuerza nuevamente tras un segundo rechazo del TSA, hasta que la SCJ emitió la sentencia SCJ-TS-25-0435, el 20 de marzo de 2025, estableciendo un principio contundente:
“La privación de libertad no puede considerarse un sacrificio legítimo cuando el proceso termina en una absolución por falta de pruebas”.
Precedente constitucional
El TSA fundamentó su decisión definitiva en el artículo 148 de la Constitución y en la Ley 107-13, reconociendo la responsabilidad solidaria del Estado por los actos ilícitos cometidos por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
El fallo revocó decisiones previas que limitaban la reparación, ampliando así el alcance del derecho a indemnización por detenciones arbitrarias y sentando un precedente clave para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, el tribunal declaró el proceso libre de costas y ordenó su publicación oficial, fortaleciendo los principios de tutela judicial efectiva y responsabilidad estatal frente a privaciones injustas de libertad.
