César Emilio Peralta, más conocido como César el Abusador, solicitó el pasado 7 de octubre de este año anular el acuerdo de culpabilidad firmado el 4 de noviembre de 2022 con la justicia de los Estados Unidos en Puerto Rico.
El documento firmado en 2022 por Peralta y su abogado, en ese momento, Joaquín G. Pérez, contemplaba 24 puntos en los que este se declara culpable de distribuir ilegalmente 450 kilogramos o más de cocaína desde enero de 2015 hasta el 11 de abril de 2019 en la República Dominicana y Colombia, y en otros lugares para ser importados a ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Título 21. Código de los Estados Unidos, secciones 959(a)(2) y 963.
También aceptaba una pena que no sería menor de 10 años ni cadena perpetua. Una multa que no excedería de diez millones de dólares y una pena de libertad supervisada que no será menor de cinco años ni cadena perpetua, además de cualquier pena de prisión, de conformidad con el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 963, 960(a)(3) y (b)(1)(B).
De acuerdo al documento que posee Listín Diario, César Emilio Peralta se comprometió a pagar una evaluación monetaria especial ("EMA") de cien dólares por cada cargo de condena.
De igual forma, establece que si en la sentencia hubiera cargos pendientes y César Emilio Peralta cumpliera con los términos del acuerdo, Estados Unidos solicitará la desestimación de los cargos restantes de la Información pendiente en su contra.
Asimismo, reconocía que no se le habían hecho amenazas y que se declara culpable libre y voluntariamente porque era culpable.
En la solicitud de desestimación de este acuerdo, César Emilio Peralta alegó que se había realizado “alegando que no fue hecha de manera consciente ni voluntaria, y que la asistencia legal que recibió en ese momento fue ineficaz y que se obtuvo mediante falsas representaciones y garantías engañosas”.
También cedía a favor de los Estados Unidos cualquier derecho, título e interés sobre cualquier propiedad que constituya o se derive, directa o indirectamente, como resultado del delito de distribución de cocaína y cualquier propiedad utilizada o destinada a ser utilizada, de cualquier manera o en parte, para cometer o facilitar la comisión de dicho delito, de conformidad con el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 853. Esto incluye las propiedades en República Dominicana, adquirida durante desde aproximadamente 2010 hasta septiembre de 2019.
El acusado también se comprometía a revelar de forma completa y veraz la existencia, naturaleza y ubicación de todos los activos en los que tenga o haya tenido algún interés o control financiero, directo o indirecto, y de cualquier activo relacionado con el delito por el que se le condenó.
También César Emilio Peralta aceptó que el acuerdo se incumpliría si, después de suscribirlo, “intenta retirar su declaración de culpabilidad. En caso de tal incumplimiento, Estados Unidos quedará exento de su obligación en virtud de este acuerdo declarativo y el demandado no tendrá derecho a retirar su declaración de culpabilidad. Además, el demandado acepta que, si incumple el acuerdo declarativo, se considerará que ha renunciado a cualquier objeción a la reincorporación de cualquier cargo en virtud de la acusación, la Información o la denuncia que haya sido previamente desestimado o que no haya sido procesado previamente”.
Otras alegaciones
Estados Unidos alega que si se celebraba un juicio, habrían demostrado más allá de toda duda razonable que César Emilio Peralta exportaba droga desde República Dominicana a Estados Unidos.
“Si este caso hubiera procedido a juicio, Estados Unidos habría presentado pruebas mediante el testimonio de testigos, así como pruebas físicas, que habrían demostrado más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado. Las pruebas habrían demostrado que, durante el período de la acusación, el acusado y sus cómplices conspiraron para adquirir y acumular cantidades de cocaína en la República Dominicana, incluyendo cocaína transportada desde Colombia por la organización del acusado, que luego sería suministrada a transportistas e incluida en los envíos de cocaína enviados a Estados Unidos”, establece el acuerdo.
Según los testigos que posee las autoridades norteamericanas, el acusado importaba cocaína a la República Dominicana y la ponía a disposición de varios miembros de la red, quienes preparaban cargamentos de cocaína para su envío desde la República Dominicana a Florida, Puerto Rico y Nueva York.
Estos cargamentos solían consistir en cientos de kilogramos de cocaína y se enviaban a Estados Unidos por vía aérea comercial, embarcaciones privadas y cargamentos comerciales.
