Santo Domingo – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Camaleón.
Entre los imputados figuran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del mismo organismo.
También fueron señalados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas acusadas son: Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Investigación y hallazgos
La acusación fue presentada por la procuradora general de Corte y titular de la Pepca, Mirna Ortiz, junto a Héctor García Acevedo y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Feliz y Enmanuel Ramírez.
El Ministerio Público explicó que la investigación arrojó múltiples líneas delictivas, entre ellas corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa al Estado, sabotaje tecnológico, contrabando, falsificación, terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Las irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa, utilizando contratos irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., que recibieron acceso privilegiado a fondos públicos.
El esquema delictivo
El eje central del entramado lo constituye José Ángel Gómez Canaán (Jochi), quien, según la Pepca, mantiene vínculos financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su dirección, dichas entidades se dedicaron a la estafa al Estado, lavado de activos y sabotaje tecnológico, controlando infraestructuras críticas y recursos estratégicos nacionales.
Entre los hechos imputados se incluye la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo, adjudicaciones fraudulentas y falsificación de certificaciones presupuestarias.
La jueza Fátima Veloz había declarado el caso complejo en octubre de 2024 e impuso medidas de coerción a los principales acusados.
Tipificación legal
Las conductas imputadas están sancionadas por la Constitución Dominicana (art. 146) y por los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal, además de las leyes 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, 17-19 sobre Contrabando y Falsificación, 155-17 sobre Lavado de Activos y 267-08 sobre Terrorismo, entre otras.
El expediente también cita los artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16, relativos al control de armas y materiales relacionados.
La Operación Camaleón continúa bajo investigación, mientras el Ministerio Público solicita apertura a juicio contra los imputados y el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos.
