Santo Domingo.- El Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Higüey, Sala I, emitió una sentencia que condena al conductor Franklin Nin Pérez, a las empresas Suero Servi Bus SRL y Meremba Tour, así como al Estado dominicano, representado por el Ministerio de Turismo, al pago solidario de RD$29,700,000.00 en favor de las víctimas y familiares del accidente de un autobús turístico ocurrido en la zona este del país.
Según la decisión judicial, el monto deberá distribuirse entre decenas de afectados, en compensación por daños materiales, morales, psicológicos, estéticos y funcionales.
Entre los beneficiarios se incluyen 15 víctimas que recibirán RD$300,000.00 cada una; siete afectados con RD$100,000.00; tres lesionados con RD$300,000.00 cada uno; y otras indemnizaciones mayores que alcanzan los RD$2,000,000.00 por persona, dependiendo de la gravedad del daño sufrido. Asimismo, los familiares de las víctimas mortales obtendrán compensaciones que van desde RD$1,000,000.00 hasta RD$3,500,000.00.
El tribunal declaró culpable al chofer Franklin Nin Pérez por violar varios artículos de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, imponiéndole tres años de prisión correccional, una multa de RD$2,000.00 y el pago de las costas judiciales.
Además, la sentencia excluye a la aseguradora Atlántica de Seguros S.A., inicialmente involucrada en el expediente.
El abogado Carlos de Jesús, representante de varias víctimas, calificó la decisión como “insuficiente e incongruente”, alegando que las compensaciones otorgadas no garantizan un resarcimiento integral. Denunció también que las empresas condenadas no han mostrado intención de cumplir con el pago, mientras que el Ministerio de Turismo interpuso un recurso de apelación para ser excluido del proceso.
De Jesús advirtió que una de las compañías involucradas continúa operando bajo una nueva razón social, Tropical Sky Tour Operador, presuntamente con la misma composición accionaria y autorización del Ministerio de Turismo, lo que consideró una violación a los reglamentos del sector.
El jurista lamentó la falta de voluntad del Estado y de las empresas para cumplir la sentencia, y calificó de “desproporcionada” la pena impuesta al conductor, considerando la magnitud de las pérdidas humanas y materiales.
El proceso judicial se mantiene en etapa de apelación, mientras las víctimas y familiares esperan que se haga justicia definitiva y se ejecute el pago ordenado por el tribunal.
