Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 652-25, mediante el cual dispone una reorganización profunda del Sistema Integrado de Transporte, con el objetivo de optimizar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo en todo el territorio nacional.
Como parte de estas medidas, el mandatario designó al ingeniero Jhael Isa Tavárez como director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). Asimismo, el decreto establece que Isa continuará desempeñándose —a título honorífico— como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), entidad encargada del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.
Isa Tavárez posee una reconocida trayectoria en el desarrollo del transporte masivo. Hasta ahora fungía como director ejecutivo del FITRAM, desde donde supervisó proyectos estratégicos como el Monorriel y Teleférico de Santiago, así como las Líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo, integradas al Sistema Integrado de Transporte.
Ingeniero civil egresado del INTEC, cuenta con una maestría en Ingeniería de Transporte del Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) de Nueva York, obtenida mediante la beca Fulbright. Actualmente cursa un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil, con concentración en Transporte, en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Desde el Ministerio de la Presidencia, donde ha trabajado por más de una década, Isa Tavárez ha liderado iniciativas estratégicas de movilidad y proyectos de infraestructura orientados a modernizar el transporte público. Su experiencia incluye consultorías especializadas y participación activa en foros internacionales sobre movilidad sostenible, siendo reconocido como una de las figuras técnicas más influyentes en la transformación del transporte masivo en el país.
El decreto destaca que el transporte masivo es un servicio nacional de uso público, por lo que el Gobierno prioriza la integración de modos alternativos de transporte que permitan una distribución más equilibrada de los recursos, reduzcan el impacto ambiental y mejoren la movilidad urbana. Para ello, se ordena fortalecer la eficiencia del servicio y el uso responsable de los recursos, garantizando coordinación, oportunidad y transparencia entre todas las entidades involucradas.
