SANTO DOMINGO.– ¿Logro nacional, injerencia extranjera o simple acto protocolar? Como era de esperarse, el recién anunciado acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana en el que este último autoriza a usar su espacio aéreo, así como zonas restringidas del Aeropuerto Internacional de las Américas y de la Base Aérea de San Isidro, enfrentó a sectores de la vida política y nacional.
A primera hora, los presidentes de ambas cámaras del Congreso procuraron desmontar la versión de que para tal acuerdo se requería la aprobación legislativa.
Alfredo Pacheco, en la Cámara de Diputados, resaltó la vigencia del acuerdo de interdicción marítima vigente desde el año 1993.
“El fortalecimiento de este acuerdo permite al Estado proteger con mayor efectividad su espacio aéreo y sus aguas territoriales frente a incursiones ilícitas. Es una acción necesaria y oportuna para garantizar la seguridad del país”.
Su par del Senado, Ricardo de los Santos, también citó fechas del acuerdo agregando que había sido ampliado en el año 2023, por lo que no era necesario su sometimiento ante el Congreso.
Algo cauto el vocero peledeísta entre los diputados, Gustavo Sánchez.
Este afirmó que la necesidad de que fuera al Congreso se presentaría solo si dicho acuerdo se extiende en el tiempo.
Consultas a Danilo, Leonel e Hipólito
Antes de que se anunciara públicamente la decisión del Gobierno, los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía fueron consultados e informados sobre el pedimento de Estados Unidos de permitir que aviones utilizados en la región para contener organizaciones de narcotráfico pudieran abastecerse en la base aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas.
A los tres los visitó el Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en compañía del ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, quienes le dieron detalles del alcance de la autorización y el sustento jurídico para concederla.
Se les explicó que la aurtorización está basada en el acuerdo para cooperación conjunta contra el narcotráfico firmado en 1995 y empezó a ejecutarse a partir del 2003 cuando se emitió el protocolo de aplicación.
La autorizada incluye únicamente aviones cisterna y aeronaves de transporte militar, necesarios para reabastecimiento, apoyo técnico y movilidad logística. El acuerdo temporal, estará vigente hasta el 30 de abril del 2026, siempre bajo condiciones estrictas de respeto a la Constitución, las leyes dominicanas y el derecho internacional.
Fuentes oficiales explicaron a EL DÍA que las aeronaves, el personal militar y el personal de apoyo de Estados Unidos no podrán realizar operaciones ni actos contrarios a la Constitución, ni participar en acciones de carácter militar, policial o de otra índole en territorio dominicano sin autorización expresa previa.
También se le expresó a Estados Unidos que mientras las la autorización está condicionada al "respeto absoluto del derecho internacional", en especial la Convención Única sobre Estupefacientes (1961), Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971), Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (1988) y la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000).
También se indica que el personal estadounidense deberá estar acompañado en todo momento por personal dominicano, tanto durante su presencia en tierra como en las operaciones aéreas permitidas.
La izquierda opuesta
Solo sectores de organizaciones izquierdistas que han tenido un hístórico contrario a Estados Unidos, se pronunciaron abiertamente contra la decisión.
Tales fueron los casos de los partidos Alianza País y el Frente Amplio, quienes calificaron el acuerdo como una claudicación frente a Estados Unidos.
Uno que no se guardó nada al criticar el acuerdo fue Miguel Mejía, secretario general del Movimiento Izquierda Unida, a quien se le vio pasear por las calles de Caracas con Nicolás Maduro.
Entrevistado en el programa radial Esto No Tiene Nombre, Mejía evocó las intervenciones militares estadounidenses de 1916 y 1965 y acusó al Gobierno dominicano de facilitar un “cerco militar” en el Caribe, cuyo verdadero objetivo no sería el narcotráfico, sino Venezuela. Por eso, a su juicio, “lo que está en juego es la autodeterminación”.
En su lectura, el cambio de postura oficial —desde declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista hasta ceder infraestructura estratégica a Washington— forma parte de una escalada que compromete a República Dominicana en una posible confrontación.
Dejó ver que existe una posibilidad de intervención, aunque abogó por el diálogo para subsanar diferencias.
Otras reacciones
— En contra
Diversas organizaciones sociales y políticas, como el Movimiento Caamañista y el Partido Patria Para Todos, expresaron su preocupación por la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y llamaron a proteger la soberanía.
Acuerdo fue acto protocolar diplomático
Peso. El piloto Francisco “Frank” Díaz, presidente del Consejo de Capitanes y de la Asociación Dominicana de Aviación General, restó trascendencia logística al acuerdo anunciado por el Gobierno dominicano que autoriza a los Estados Unidos a utilizar porciones de los aeropuertos Las Américas y San Isidro para operaciones vinculadas a la lucha antidrogas.
En su análisis, la medida tiene un peso “más diplomático que funcional” y no implica cambios sustantivos en las capacidades operativas de la Fuerza Aérea estadounidense en la región.
Díaz explicó que tanto Las Américas como San Isidro carecen de las condiciones óptimas para recibir aeronaves militares.
