SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le ratificó la prisión domiciliaria al general del Ejército Dominicano Boanerges Reyes Batista y levantó la medida de coerción en casa al coronel de la Armada Dominicana Franklin Mata Flores.
La magistrada Gisselle Méndez, presidenta del juzgado, rechazó los argumentos y pruebas presentados por el abogado Waldo Paulino, quien es defensor de ambos acusados, con relación a Reyes Batista.
Mientras que al capitán de navío, es decir, coronel de la Armada, Mata Flores, la jueza consideró que tiene los arraigos suficientes para permanecer en el país durante el proceso judicial, sin peligro de fuga.
Le impuso una garantía económica de 50 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público cada mes, como medida coercitiva.
La jueza entendió que con el coronel persiste el peligro de fuga y que los presupuestos presentados por su defensor no fueron suficientes para reiterar el arresto domiciliario.
En este caso, la acusación ha presentado cargos contra 48 personas, 30 individuos y 18 entidades jurídicas, por defraudar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos.
Según el órgano acusador, el grupo utilizó tres entidades del Estado para incurrir en actos delictivos, siendo estas el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), que actualmente es la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), y en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
También son imputados el general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cusep, señalado como uno de los principales cabecillas del entramado, el de brigada de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou, fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Señalado como cabecilla de Coral 5G.
Asimismo, el coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep, señalado como el brazo operativo del supuesto entramado de corrupción.
El general de brigada de la Fuerza Aérea, Julio C. De los Santos Viola, ocupó el cargo de jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina cuando Adán Cácares fue arrestado en el 2021.
De igual modo, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, asimilada de la Policía Nacional, conocida como la pastora Rossy, vinculada al caso por supuestamente crear junto a Cáceres empresas fantasmas y organizaciones no gubernamentales y religiosas para lavar los fondos distraídos de las instituciones públicas, entre otros exfuncionarios y militares.
