En estos momentos están interrogando en la Procuraduría General al doctor Eduardo Read, del Grupo Read, quien es investigado por firmar el contrato por miles de millones de pesos para la atención primaria en el régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Dicho contrato privatizó ese régimen de salud, el cual es público y es el que debe ser atendido en los hospitales, no en centros privados. Este escándalo fue destapado por el programa N Investiga, donde se detalla la estructura mafiosa que operaba en el SeNaSa durante la gestión de Santiago Hazim.
De hecho, N Investiga reveló que SeNaSa habría transferido sumas millonarias a prestadores privados sin que exista certeza de que los servicios fueron realmente brindados. Además, la investigación denuncia la falta de transparencia de la prestadora estatal al ocultar contratos clave con esos proveedores.
El doctor Read, de la Asociación Dominicana de Centros de Atención Primaria, está vinculado a la empresa Khersum, con la que Hazim firmó una adenda, en el 2020. Hazim también modificó un acuerdo previo de 2016 para “ampliar la red de prestadoras y ofrecer mayores prestaciones” a 500 mil afiliados ahora del régimen subsidiado.
Hace unos meses, el procurador adjunto Wilson Camacho dijo esto:
“Tenemos varias líneas de investigación abierta sobre lo sucedido en SeNaSa; la de los contratos es una de ellas. Estamos investigando todo lo que ha sucedido allí en los últimos 5 años. No puedo dar más detalles por ser una investigación abierta que, por demás, aún no se judicializa”.
Las denuncias y la línea de investigación del Ministerio Público irían en la dirección de que se revisan pagos por servicios médicos que podrían no haberse realizado, así como irregularidades administrativas que afectarían directamente a los afiliados del régimen.
En ese momento, Camacho evitó ofrecer detalles por tratarse de una investigación abierta, confirmó que se evalúan todos los contratos firmados en un periodo de cinco años.
El Ministerio Público trabaja con distintas estructuras investigativas que abarcan pagos indebidos, contratos adjudicados sin justificación, y posibles omisiones en la publicación de los acuerdos firmados.
Anteriormente, el SeNaSa solo pagaba por cápita, en lugar de servicios brindados, a la red pública para fortalecerla, pero no a prestadores privados.
Este contrato, según el exministro de Economía Juan Ariel Jiménez, “en los pagos capitados se supone que los centros de salud estén en responsabilidad de mejorar la salud de esas personas, pero eso es muy difícil monitorear. Es muy difícil monitorear si los centros están llamando a las personas para que vayan, si los están visitando en sus hogares”.
En este caso, la cápita fija es RD$130 por afiliado, equivalente a RD$65 millones mensuales, RD$780 millones al año. Es decir, Khersum cobra esa suma independientemente de cuántos servicios se presten en realidad. Este esquema genera un riesgo evidente: si el consumo real de servicios es bajo, el Estado estaría pagando de más.
En la práctica, se convierte en un negocio seguro para el privado y un mal negocio para lo público, ya que los afiliados subsidiados ya tienen derecho a recibir servicios gratuitos en la red hospitalaria estatal. Incluso, a pesar de que la institución, les paga por RD$500 mil afiliados, se estima que apenas del 30 al 35% de ese total apenas acuden a recibir los servicios.
“Por eso en la mayoría de los países el primer nivel de atención es exclusivamente público. Lo privado se da en imágenes, en estudios y en tratamientos y evaluaciones especializadas, pero no tanto en la atención primaria que es proactiva en estar tras la salud de los pacientes” acotó.
La problemática principal podría ser una mala gestión sobre todo si se observan unos contratos firmados en la pasada administración de millones de pesos donde se privatiza el servicio de atención primaria que es el primer contacto de las personas con el sistema de salud, que abarca desde la prevención de enfermedades hasta el tratamiento y la rehabilitación en el régimen subsidiado que es el financiado por el Estado para proteger a desempleados, discapacitados e indigentes.
Solo esta empresa recibe 500,000 afiliados, lo interesante sería saber cómo lo repartieron en los supuestos 35 consultorios privados que tiene en diferentes puntos del país, sería lo interesante saber porque habría tenido que hacerse un reparto según el domicilio del afiliado y el lugar donde se encuentre el consultorio privado porque de lo contrario no tendría sentido estar afiliado para esta atención primaria en un lugar distante al domicilio que conlleve dinero y tiempo.
Otra cuestión que afloró en el trabajo investigativo es cómo estos afiliados saben dónde han sido asignados, porque esas prestadoras de servicios privados debe ser las que llamen a cada uno de sus afiliados para que sepan que están dando el servicio y por supuesto supervisar de qué esto se realice, pero me imagino que esto nunca se realizó.
“Son esos centros que tienen que estar constantemente, proactivamente invitando a los pacientes a que vayan a hacerse sus chequeos regulares, a que modifiquen hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio. No es tan fácil que un privado que por lógica tiene disminución de costos, haga eso” dijo Juan Ariel Jiménez.
En el programa de investigación se llamó, vía telefónica a SeNaSa, y al preguntar por el centro de atención primaria que le corresponde a un envejeciente afiliado al Régimen Subsidiado, la información que dieron fue que esa información está en la carta de afiliación del señor.
“La UNAP que le corresponde es el Hospital Municipal de Villa Mella. En este caso, lo privado no tiene cobertura. solamente en centros públicos” respondieron.
Es decir que ni siquiera SENASA tiene conocimiento de estos contratos por millones de pesos a favor de centros de salud privados donde se establece cobertura de atención primaria para el Régimen Subsidiado.
En el sencillo y poco detallado contrato que se presentó de 16 páginas, donde no se precisan los mecanismos de fiscalización, seguimiento, auditorías a servicios realizados, entre otras supervisiones de la institución, lo que se establecen son los puntos donde se darán la atención y algunos de ellos, como uno ubicado en la avenida Tiradentes esquina Gustavo Mejía Ricart, tiene numerosos servicios: medicina general ginecología, pediatra, medicina familiar, nutricionista, oftalmología, optometría, audiometría, toma de muestra, electrocardiograma, ecografía, vacunas de PAI y prescripción de medicamentos.
Llamadas y un recorrido con cámaras ocultas escogidos al azar de los 35 puntos médicos contemplados en el contrato confirmaron el problema.
Desde 2021 a 2025, por concepto de régimen subsidiado Khersum ha recibido 3 mil millones 770 mil pesos, de los cuales aproximadamente el 30% debió ir a Senasa.
De cinco “puntos médicos” visitados por el programa N Investiga, de los 35 que la empresa tiene distribuidos a nivel nacional, el ubicado en Diamond Plaza fue el único sitio que tenía amplia disponibilidad de maquinarias y especialistas y donde se veía flujo de pacientes.
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