La detención de cuatro directivas del Colegio Leonardo Da Vinci, por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, ha abierto un proceso judicial que exige claridad sobre las decisiones tomadas antes y durante la excursión del 14 de noviembre.
El Ministerio Público acusa a las involucradas de homicidio involuntario tras identificar negligencias graves que, según la investigación, incidieron directamente en la tragedia.
Las arrestadas (Yris del Carmen Reyes Adames, Gisela González, Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel), según el Ministerio Público, eran responsables de autorizar, coordinar y supervisar el paseo escolar a Hacienda Los Caballos, donde la menor murió ahogada.
Lo que debe saber
- Cuatro directivas del Colegio Leonardo Da Vinci están detenidas.
- El Ministerio Público les atribuye homicidio involuntario.
- Se cuestionan fallos de supervisión y seguridad en la excursión.
- La niña Stephora murió ahogada en una piscina de Hacienda Los Caballos.
- El país exige claridad sobre decisiones y responsabilidades.
La comunidad educativa y la sociedad dominicana reclaman explicaciones precisas sobre cómo se organizó y ejecutó la actividad.
A partir de los hallazgos preliminares, surgen cinco preguntas esenciales que las acusadas deberán responder ante la justicia para esclarecer su nivel de responsabilidad individual y colectiva en el caso.
1. ¿Por qué se movilizaron 87 niños con solo tres cuidadoras?
El Ministerio Público sostiene que el colegio trasladó a un grupo masivo sin el personal adecuado para su supervisión, un fallo que contraviene protocolos básicos de seguridad. Se requiere determinar quién autorizó ese diseño logístico, por qué se aceptó operar con un déficit tan evidente de personal y si existieron advertencias internas.
2. ¿Por qué no se llevaron salvavidas ni chalecos de seguridad?
Las autoridades afirman que el colegio no dotó al grupo de elementos esenciales para actividades acuáticas. La investigación apunta a que no hubo provisión de equipos ni verificación previa de la profundidad de las piscinas del lugar, un punto crucial para establecer responsabilidad directa.
3. ¿Se evaluó si los niños sabían nadar? / 4. ¿Quién supervisaba a Stephora? / 5. ¿Quién verificó las condiciones del lugar?
Otra incógnita es si las directivas consultaron a los padres sobre las habilidades de nado de los estudiantes o si existía algún registro interno al respecto. Las autoridades han señalado que en los videos se observa negligencia extrema hacia la menor, lo que hace indispensable identificar quién estaba asignado a supervisarla y por qué falló esa obligación.
Finalmente, la justicia deberá determinar quién validó la seguridad del lugar y bajo qué criterios se tomó la decisión de mantener actividades en áreas acuáticas sin un protocolo estructurado. Las respuestas podrían definir el tipo de imputación formal de cada acusada.
¿Qué se necesita para que exista homicidio involuntario?
En la práctica judicial dominicana, los fiscales deben demostrar que la persona acusada actuó con un nivel de descuido incompatible con su responsabilidad. Esto incluye falta de previsión, ausencia de medidas razonables de seguridad, omisiones frente a riesgos evidentes o decisiones operativas que agravaron la situación.
Las cortes dominicanas suelen evaluar tres elementos:
- Conducta negligente o imprudente.
- Violación del deber de cuidado.
- Relación causal entre esa negligencia y la muerte.
Si estos elementos coinciden, la conducta puede tipificarse como homicidio involuntario.
¿Qué sanciones contempla la ley dominicana?
Las sanciones pueden incluir pena privativa de libertad, multas, inhabilitación profesional y responsabilidad civil para reparación de daños. La severidad se determina según el grado de negligencia, el contexto del hecho, el rol institucional de los involucrados y si existían medidas de prevención disponibles que fueron ignoradas.
En casos que involucran menores, instituciones educativas o actividades bajo supervisión oficial, los tribunales suelen aplicar criterios más estrictos, ya que la ley reconoce un deber reforzado de protección. Por eso, el caso Stephora ha generado un análisis más profundo sobre las decisiones tomadas por el personal encargado.
