Santo Domingo.– El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aseguró que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, habría recibido más de RD$2,881 millones en sobornos, entregados en efectivo y en fundas selladas, como parte de un esquema de corrupción operado desde la institución.
La información está contenida en la solicitud de medida de coerción, donde la PEPCA pide 18 meses de prisión preventiva ante el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional. Según la instancia, estos fondos provenían de maniobras fraudulentas relacionadas con contrataciones y pagos irregulares dentro de SeNaSa.
El intermediario clave del esquema
De acuerdo con el expediente, José Pablo Ortiz, amigo cercano y persona de confianza de Hazim, fue el encargado de recibir y manejar los valores ilícitos. Ortiz habría admitido entregar dinero al exfuncionario en diferentes lugares y circunstancias. Su testimonio será una pieza central en el caso.
Junto a Hazim también figuran como imputados:
Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico;
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud;
Cindy Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera (empresarios);
Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del Centro de Telemedicina MyCare;
Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
El Ministerio Público explicó que más personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación, pues se trata de una afectación directa a un bien colectivo vinculado al derecho constitucional a la salud.
Testimonios y estructura del presunto esquema
El expediente señala a varios testigos clave:
• José Pablo Ortiz, quien habría sido el recaudador exclusivo de las comisiones. Según la PEPCA, Ortiz recogía los sobornos cuando Hazim decía la frase “había llovido”, lo que permitiría probar lavado de más de RD$949 millones entre 2020 y 2022.
• Gustavo Güílamo, exjefe de gabinete, quien declararía sobre supuestos programas manipulados, sabotajes a proyectos tecnológicos y alteraciones de estados financieros, que habrían ocultado pérdidas reales cercanas a los RD$8,000 millones en 2024.
• Nidia Valdez de Luna, analista de contrataciones médicas, quien relataría la existencia de un chat manejado por la asistente de Hazim donde se priorizaban “casos VIP” y se aprobaban prestadores bajo argumentos como “aportó para la campaña”.
Según la PEPCA, empresas como PDSS Servicios de Salud, SRL y OGSS Prestadora de Servicios de Salud fueron utilizadas como vehículos societarios para encubrir el origen ilícito del dinero.
Además, se describe que el supuesto soborno oscilaba entre 25% y 30% de las facturaciones de empresas como Khersun, Deleste, Farmacard y Nutrimed al SeNaSa. Al esquema se habrían sumado once empresas adicionales.
Querella del Estado dominicano
El Estado, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), depositó una querella formal en la Procuraduría General de la República.
“El caso afecta lo más sensible de la sociedad: la salud, especialmente de los más humildes”, afirmó el equipo de abogados, que llevará el proceso pro bono y acompañará al Ministerio Público hasta las últimas consecuencias.
Próximos pasos judiciales
La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para este jueves, con el fin de que las defensas puedan estudiar el expediente de 537 páginas y preparar sus argumentos.
El Ministerio Público aseguró que continuará ampliando la investigación para llevar el caso hasta sus últimas implicaciones.
