SANTO DOMINGO, RD.- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dará a conocer este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, su decisión sobre la solicitud de medidas de coerción a los arrestados en la denominada Operación Cobra, un entramado de corrupción que afectó gravemente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como la medida de coerción más adecuada para Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros implicados, en un caso que involucró el desfalco de más de 15 mil millones de pesos de una institución que brinda servicios sanitarios a millones de dominicanos, especialmente a los estratos socioeconómicos más bajos.
“Ahora deben pagar por sus atrocidades. A estas personas les estamos solicitando que se le imponga prisión preventiva, que entendemos es la medida de coerción adecuada para este proceso”, declaró en la madrugada de este sábado el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Camacho explicó que el Ministerio Público concluyó con la lectura de la solicitud de medidas de coerción a los arrestados, incluyendo réplicas sobre los argumentos de las defensas, durante la audiencia que se extendió hasta pasada la 1:00 de la madrugada. La solicitud contempla 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja, dada la pluralidad de víctimas y la magnitud del desfalco, afectando directamente a más de 7 millones de dominicanos.
El entramado, liderado por Santiago Hazim, involucró también al exconsultor jurídico de SeNaSa, Germán Robles, y otros funcionarios que recibieron sobornos superiores a 2 mil millones de pesos. Entre los delitos imputados se encuentran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante la audiencia, tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal, según informó Camacho, mientras que el Ministerio Público presentó un legajo de pruebas sólido, compuesto por más de 138 documentos, 35 testimonios y pruebas periciales. El equipo que representó al Ministerio Público estuvo encabezado por Camacho y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a fiscales como Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán, Alexis Piña, Aurelio Valdez y Emmanuel Ramírez.
La expectativa sobre la decisión del juez Rigoberto Sena mantiene en vilo a la opinión pública dominicana, ya que las medidas de coerción definirán si los principales implicados enfrentarán prisión mientras continúa el proceso judicial por uno de los casos de corrupción más significativos en la historia reciente del país.
