SANTO DOMINGO. – El caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha generado un nivel de rechazo social sin precedentes en la República Dominicana, manifestado en redes sociales, medios de comunicación y protestas públicas frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva antes de conocerse las medidas de coerción contra los imputados.
La presión social, aunque intensa, no determina las medidas judiciales, las cuales deben ajustarse estrictamente al Código Procesal Penal. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida, garantías económicas o localizadores electrónicos, según la valoración de pruebas vinculantes y peligro de fuga.
Fundamentos legales para medidas de coerción:
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Existencia de pruebas vinculantes contra los imputados
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Peligro de fuga evaluado por arraigo familiar, laboral y posibilidades de abandonar el país
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Gravedad del delito y daño provocado al sistema de salud público
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Antecedentes del comportamiento procesal de los imputados
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Proporcionalidad entre la medida y la pena potencial
Destaca que ha sido el propio gobierno quien impulsó la judicialización del caso, sometiendo a funcionarios y colaboradores al sistema de justicia ordinario. Las medidas buscan garantizar el desarrollo de la investigación, proteger a víctimas y testigos, y asegurar la presencia de los imputados durante el proceso.
