SANTO DOMINGO.– Un tribunal de San Cristóbal confirmó las condenas de 20 y 10 años de prisión contra dos integrantes de una estructura criminal dedicada al lavado de activos y al narcotráfico, a la que en 2021 se le incautaron 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada.
La Primera Sala de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Cristóbal rechazó el recurso de apelación interpuesto por Jhon Braulio Acuña Chavarría y Haidee Gabriela Hernández de Acuña, al concluir que el Ministerio Público probó de manera fehaciente los hechos imputados y que la sentencia original carece de los vicios alegados por la defensa. Acuña Chavarría cumple una condena de 20 años, mientras que Hernández de Acuña fue sentenciada a 10 años de prisión.
Además de las penas privativas de libertad, la sentencia núm. 301-04-2024-SSEN-00125, dictada el 12 de noviembre de 2024 por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Peravia, impuso multas equivalentes a 400 y 200 salarios mínimos, respectivamente. También ratificó el decomiso de siete propiedades de lujo, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y armas de fuego, incluidos fusiles y pistolas.
El Ministerio Público explicó que la red criminal estaba integrada por ciudadanos dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños, quienes introducían grandes cargamentos de drogas al país por la vía marítima. Por este mismo caso, anteriormente fueron condenados Ronny Anyolin Guerrero Reyes a ocho años de prisión y Carmen Magdalena Ramírez Pérez a cinco años de prisión suspendida bajo condiciones. Asimismo, un ciudadano arubeño recibió una condena de 20 años, aunque posteriormente falleció por complicaciones de salud mientras recibía tratamiento médico.
Las autoridades recordaron que el 29 de abril de 2021 fueron decomisados 35 sacos con 872 paquetes de cocaína, para un total de 892.21 kilogramos, identificados con el logotipo “La Patrona” y confirmados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). A esto se sumó la ocupación de otros 26.4 kilogramos de cocaína en la residencia de Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, ambos prófugos.
La procuradora Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, valoraron la decisión judicial, destacando que el conjunto probatorio presentado fue “armónico entre los hechos y el derecho”, logrando una condena firme contra una estructura criminal de carácter transnacional.
