La presidenta de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica (SDRO) y directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao, Naly Cruz, alzó su voz con respecto al caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (SENASA), tras indicar que las miles de personas de cuya salud se vio comprometida, empeorando su condición o muriendo, mientras esperaban la aprobación de un medicamento de alto costo o un procedimiento.
“Cuando hablamos de la corrupción que costó miles de vidas humanas, no estamos hablando de estadísticas frías ni cifras abstractas, hablamos de pacientes oncológicos, personas con cáncer avanzado, con enfermedades hematológicas graves, patologías crónicas de alto costo que dependían estrictamente de tratamientos continuos para sobrevivir o al menos para vivir un poquito más y mejor”, puntualizó Cruz.
Asimismo, indicó que aunque no siempre es posible cuantificar con exactitud cuántas vidas se perdieron, es absolutamente claro que la interrupción de medicamentos vitales acelera el deterioro y precipita la muerte de las personas con alguna condición de salud grave.
“En oncología, la ausencia de tratamiento no es neutra, mata o acorta la vida”, enfatizó la especialista, quien indicó que en el Instituto Oncológico del Cibao, fueron más de 500 pacientes que estuvieron comprometidos, no necesariamente que fallecieron, pero empeoraron, esperando medicamentos de alto costo.
El Ministerio Público, en su expediente entregado para el pedido de medidas de coerción, atribuye a la red un “sistema paralelo” para manipular contratación y habilitación de prestadores, y estima un perjuicio de más de RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024.
Este 14 de diciembre, el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso Senasa.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso que Hazim, exdirector del Senasa cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo. El tribunal también impuso prisión a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones.
También Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera.
De igual forma, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.
“La operación Cobra, es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento”, dijo Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
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