El Poder Judicial dominicano emitió una aclaración oficial en torno a la participación de profesionales chilenos en un proyecto de automatización de procesos judiciales, luego de que medios de ese país informaran sobre una investigación interna abierta por la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile (CAPJ) relacionada con presuntas funciones paralelas de funcionarios en otros países, entre ellos la República Dominicana.
En un comunicado, la institución precisó que la iniciativa de automatización judicial desarrollada en la República Dominicana no contempló la compra, uso ni licenciamiento de software extranjero, ni generó titularidad tecnológica compartida, propiedad intelectual conjunta o dependencia informática de terceros. Asimismo, subrayó que todo el desarrollo tecnológico fue realizado con recursos institucionales propios y códigos generados internamente, bajo un enfoque de innovación pública orientado a la soberanía tecnológica judicial.
El Poder Judicial explicó que el aporte de los profesionales chilenos se limitó exclusivamente a su rol como docentes e investigadores, en coordinación con jueces y servidores judiciales dominicanos, sin que existiera contratación comercial, transferencia de tecnología ni explotación de conocimientos con fines lucrativos.
La aclaración surge luego de que el diario chileno La Tercera publicara que el Consejo Superior de la CAPJ abrió una investigación contra el director del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), Mario Lara; el subdirector Esteban Paiva, y el funcionario Pablo Cabezas, por presuntamente haber desarrollado actividades similares de manera paralela en otros países utilizando conocimientos adquiridos en la institución judicial chilena.
De acuerdo con la publicación, la investigación fue iniciada tras una denuncia recibida por el Consejo Superior de la CAPJ, órgano integrado por el presidente de la Corte Suprema de Chile, Ricardo Blanco, y los ministros Gloria Ana Chevesich, María Soledad Melo, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo, con Leopoldo Llanos y Andrea Muñoz como ministros suplentes.
Según fuentes judiciales citadas por La Tercera, los funcionarios investigados habrían negado haber incurrido en prácticas irregulares. No obstante, por la gravedad de los hechos denunciados, el 9 de diciembre la ministra María Cristina Gajardo, designada como instructora del proceso, dispuso la suspensión de los tres funcionarios por un plazo de dos meses mientras se desarrolla la indagatoria.
El Departamento de Desarrollo Institucional constituye el brazo técnico de la CAPJ y es responsable de evaluar los requerimientos tecnológicos de los tribunales chilenos para garantizar su adecuado funcionamiento.
En ese contexto, el Poder Judicial dominicano reiteró que su proyecto de modernización judicial se ejecutó de manera autónoma, sin comprometer la soberanía tecnológica del sistema judicial ni generar vínculos de dependencia con instituciones o funcionarios extranjeros, y aclaró que cualquier investigación en curso en Chile corresponde exclusivamente al ámbito interno de ese país.
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