El Parlamento de Venezuela debate este martes un proyecto de ley que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes promuevan, apoyen o financien bloqueos navales y actos de “piratería”, en lo que el oficialismo interpreta como una respuesta directa a las recientes incautaciones de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos.
La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista del presidente Nicolás Maduro, fue presentada para su primera discusión el lunes en la Asamblea Nacional, donde el chavismo cuenta con mayoría absoluta, y fue aprobada por unanimidad en esa fase inicial.
El proyecto, denominado “Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales”, fue introducido poco después de que Estados Unidos confiscara el sábado un segundo buque cargado con crudo venezolano. Un primer petrolero había sido incautado el 10 de diciembre, y el domingo se reportó la persecución de una tercera embarcación, sin que se ofrecieran detalles oficiales sobre su desenlace.
Según el texto del proyecto, “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe” en acciones de bloqueo naval, piratería u otros actos ilícitos internacionales podrá enfrentar penas de entre 15 y 20 años de cárcel, además de multas de hasta un millón de euros.
El oficialismo ha defendido la propuesta como un mecanismo para proteger la soberanía económica y la navegación comercial del país, mientras que críticos advierten que la norma podría utilizarse para criminalizar posiciones políticas contrarias al Gobierno.
Leyes similares ya están vigentes en Venezuela y sancionan con penas de prisión y multas a quienes respalden sanciones internacionales contra el Ejecutivo. Entre las figuras mencionadas por el chavismo se encuentra la dirigente opositora María Corina Machado, quien ha expresado públicamente su respaldo a la estrategia estadounidense en el Caribe.
Maduro ha calificado las incautaciones de buques como “piratería naval criminal” y sostiene que el objetivo final de Washington es forzar su salida del poder. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado llamados para que el mandatario venezolano deje el cargo.
Estados Unidos ha desplegado en los últimos meses una amplia presencia militar en el Caribe, argumentando que se trata de un operativo antidrogas, aunque Caracas denuncia que el despliegue forma parte de una escalada de presión política, económica y militar.
Actualmente, Venezuela produce alrededor de un millón de barriles de petróleo diarios y permanece bajo sanciones internacionales desde 2019, lo que ha llevado a que parte de sus exportaciones se realicen en mercados alternativos y con importantes descuentos.
El proyecto de ley continuará ahora su trámite legislativo en un escenario marcado por la creciente tensión regional y el endurecimiento del discurso oficial contra cualquier apoyo interno a las medidas impulsadas desde Washington.
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