Lo que debía ser una noche normal de compras navideñas se convirtió en una de las peores tragedias urbanas de América Latina. El 29 de diciembre de 2001, en la zona comercial de Mesa Redonda, en el centro de Lima, una explosión de artefactos pirotécnicos desató un incendio que arrasó galerías completas, dejó centenares de muertos y marcó para siempre la historia de la capital peruana.
A 24 años del desastre, las cicatrices físicas, emocionales y sociales siguen presentes. Los familiares de las víctimas continúan luchando por justicia y reparación, mientras el área comercial mantiene condiciones de riesgo que recuerdan que la tragedia podría repetirse.
El fuego inició alrededor de las 7:15 de la noche, cuando un vendedor informal encendió un artefacto conocido como “chocolates”, en medio de una zona saturada de pólvora y juegos pirotécnicos. La chispa detonó una reacción en cadena entre unas 900 toneladas de productos pirotécnicos almacenados de manera irregular.
La explosión se registró en el cruce de los jirones Andahuaylas y Cusco y el fuego avanzó rápidamente, alimentado por el material inflamable y las angostas calles. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron por cinco galerías comerciales y abarcaron cuatro manzanas del centro de Lima.
El saldo fue devastador:
- 277 víctimas mortales según cifras oficiales.
- Las autoridades reconocieron luego que el número real podría superar los 400 fallecidos, incluyendo personas nunca identificadas, registradas como “NN”.
- Cerca de 250 heridos, muchos con quemaduras graves, asfixia y lesiones múltiples.
- 18 bomberos heridos durante las labores de rescate.
- 189 personas desaparecidas, entre ellas 28 niñas y niños.
- 73 menores quedaron en situación de orfandad tras el incendio.
El entonces comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Tulio Nicolini, dio una idea de la magnitud del horror:
“Mucha gente quedó atrapada y solo se les reconoció por el pelo”.
El incendio fue alimentado por una bola de fuego que, según estimaciones, alcanzó temperaturas de hasta 800 °C, arrasando con personas y vehículos. En el epicentro del siniestro, el calor llegó a los 1,200 °C, carbonizando los cuerpos.
Caos, rescate y duelo nacional
El operativo de emergencia movilizó a más de 2,000 policías y 250 bomberos de 14 compañías, que lucharon contra las llamas durante dos días completos.
Las labores de rescate se complicaron por la presencia de comerciantes y vendedores ambulantes que, desesperados por proteger su mercancía, obstruyeron el acceso de las unidades de emergencia. Muchos de ellos se refugiaron en sus propios locales y murieron atrapados.
El impacto nacional fue inmediato. El entonces presidente Alejandro Toledo interrumpió sus vacaciones en Tumbes, se trasladó a la zona del desastre y decretó dos días de duelo nacional. En ese contexto, se anunció la prohibición de producción y comercialización de pirotecnia en todo el territorio peruano.
Víctimas sin nombre y una ciudad marcada
La identificación de los cuerpos fue un proceso largo y doloroso. Las altísimas temperaturas dejaron muchos restos irreconocibles, obligando a recurrir a pruebas de ADN y análisis dentales. En algunos casos, el procedimiento se extendió hasta por un año y ocho meses.
Aun así, 83 personas nunca pudieron ser identificadas. Fueron sepultadas bajo la sigla “NN” en el cementerio El Ángel de Lima, un camposanto donde reposan más de 600,000 personas.
En el pabellón San Francisco, descansan víctimas identificadas y desconocidas. Lápidas con inscripciones como “NN 4585-01” recuerdan a quienes perdieron la vida sin recuperar su nombre, mientras familiares y visitantes dejan flores en señal de memoria y respeto.
Víctimas sin nombre y una ciudad marcada
La identificación de los cuerpos fue un proceso largo y doloroso. Las altísimas temperaturas dejaron muchos restos irreconocibles, obligando a recurrir a pruebas de ADN y análisis dentales. En algunos casos, el procedimiento se extendió hasta por un año y ocho meses.
Aun así, 83 personas nunca pudieron ser identificadas. Fueron sepultadas bajo la sigla “NN” en el cementerio El Ángel de Lima, un camposanto donde reposan más de 600,000 personas.
En el pabellón San Francisco, descansan víctimas identificadas y desconocidas. Lápidas con inscripciones como “NN 4585-01” recuerdan a quienes perdieron la vida sin recuperar su nombre, mientras familiares y visitantes dejan flores en señal de memoria y respeto.
Promesas, demoras y deudas pendientes
Tras el incendio, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) recibió la facultad de ceder terrenos a los familiares para ayudarles a reconstruir su sustento. Sin embargo, la materialización de esa ayuda se retrasó tres años y, para entonces, la Municipalidad de Lima ya había ocupado uno de los predios destinados a los deudos.
El abogado de las familias, Félix Horna, ha denunciado durante años que “la justicia no ha alcanzado a los verdaderos responsables”, a quienes señala como:
- La Municipalidad de Lima
- El Ministerio del Interior
- El empresario Ricardo Wong, acusado de haber ordenado el almacenamiento de más de 100 toneladas de pirotecnia en los locales de Mesa Redonda
Pese a la creación de comisiones especiales y promesas de indemnización, los mecanismos de compensación no cumplieron sus objetivos. La Asociación de Deudos, encabezada por Rubén Pajua Huaccachi, ocupó durante más de 20 años un predio entre los jirones Miró Quesada y Andahuaylas.
Luego de que el Ministerio de Cultura modificara la calificación de monumento histórico y el área obtuviera zonificación comercial, la asociación consiguió sólo ocupación de hecho, no propiedad legal. Hoy denuncia intentos de desalojo por parte de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Lima.
La búsqueda de justicia llegó al plano internacional. El 1 de abril de 2010, los familiares de las víctimas presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Estado peruano de violar derechos fundamentales como:
- El derecho a la vida
- La integridad física
- El debido proceso
Entre sus reclamos incluyen:
- Falta de medidas de prevención de incendios en la zona
- Deficiencias en la identificación de las víctimas
- Retrasos e incumplimientos en las reparaciones
La CIDH admitió la demanda nueve años después de presentada. Mientras tanto, dos procesos penales fijaron montos de reparación civil de:
- 200,000 soles (unos USD 53,000) por cada persona fallecida
- 30,000 soles (unos USD 8,000) por cada persona lesionada
Sin embargo, los deudos denuncian que esas compensaciones aún no se han cumplido plenamente.
Mesa Redonda hoy: el riesgo que no se va
A pesar de las lecciones que dejó la tragedia, la zona de Mesa Redonda sigue siendo considerada una bomba de tiempo.
El gerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, explicó a Infobae que los jirones Puno, cuadras 1 a la 7, siguen siendo calles demasiado estrechas y con alta concentración de comerciantes y mercadería inflamable.
“Hemos solicitado a los bomberos que realicen simulacros constantes en esa zona. Además, hemos ejecutado simulacros contra incendios y capacitaciones”, indicó Casaretto.
También admitió que los incidentes son diarios, y no sólo relacionados con pirotecnia, sino con múltiples situaciones peligrosas que ponen en riesgo a trabajadores y compradores.
La semana previa a Navidad, se registraron detenciones por tenencia de pirotecnia, evidenciando que, pese a las prohibiciones, la venta sigue activa.
La obstrucción de vías por vendedores ambulantes continúa dificultando el acceso de vehículos de emergencia, mientras el crecimiento desordenado del comercio informal mantiene viva la amenaza.
Una herida que no cierra
A 24 años del incendio, las consecuencias siguen presentes:
- Familias que aún reclaman justicia y reparación
- Conflictos legales por predios y compensaciones
- Una zona comercial que continúa operando bajo altos riesgos de seguridad
Cada 29 de diciembre, los familiares de las víctimas se reúnen para recordar a sus seres queridos, exigir que la tragedia no sea olvidada y reclamar que la historia de Mesa Redonda no se repita nunca más.
Porque, aunque el fuego se apagó hace más de dos décadas, las heridas de Lima siguen abiertas.
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