Caracas.– La intervención militar ejecutada por Estados Unidos la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en territorio venezolano, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha abierto uno de los debates jurídicos más delicados de los últimos tiempos: ¿violó esta acción la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional vigente?
La operación, confirmada por el presidente estadounidense Donald Trump, se realizó sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sin que se haya presentado evidencia pública de un ataque armado previo o inminente por parte de Venezuela contra Estados Unidos.
El principio central: prohibición del uso de la fuerza
La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, numeral 4, establece de forma categórica que:
“Los Miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
Bajo este principio, toda intervención militar en un Estado soberano es ilegal, salvo que encaje en dos excepciones estrictamente delimitadas:
- Autorización expresa del Consejo de Seguridad.
- Ejercicio del derecho a la legítima defensa ante un ataque armado real e inminente.
Hasta el momento, ninguna de estas condiciones ha sido confirmada públicamente en el caso venezolano.
¿Legítima defensa? Un argumento jurídicamente débil
Washington ha justificado la captura de Maduro bajo acusaciones de narcotráfico y crimen transnacional. Sin embargo, el derecho internacional no reconoce delitos penales como justificación automática para una intervención militar extranjera, y menos aún para la captura forzada de un jefe de Estado en funciones.
Expertos en derecho internacional coinciden en que la legítima defensa solo puede invocarse ante una amenaza militar inmediata, no frente a investigaciones judiciales o acusaciones criminales, por graves que estas sean. En este caso, no se ha demostrado que Venezuela haya ejecutado o preparado un ataque armado contra Estados Unidos.
La captura de un jefe de Estado: un punto crítico
Otro elemento central del debate legal es la detención de un presidente en ejercicio mediante una operación militar extranjera. El derecho internacional consuetudinario reconoce la inmunidad personal de los jefes de Estado, precisamente para evitar que conflictos políticos deriven en acciones armadas unilaterales.
Aunque esta inmunidad no es absoluta —especialmente ante tribunales internacionales—, su levantamiento no puede hacerse mediante el uso de la fuerza militar de otro Estado, sino a través de mecanismos judiciales multilaterales o resoluciones internacionales.
Guantánamo y el debido proceso
La información de que Maduro sería trasladado inicialmente a la base estadounidense de Guantánamo añade otra capa de preocupación jurídica. Dicha instalación ha sido objeto de críticas internacionales por detenciones sin debido proceso, lo que refuerza las dudas sobre el respeto a los derechos humanos, las garantías judiciales y los tratados internacionales suscritos por Estados Unidos.
¿Un acto de agresión según el derecho internacional?
A la luz de la Carta de la ONU, numerosos juristas consideran que la operación podría encajar en la definición de “acto de agresión”, al implicar:
- Uso de la fuerza armada en territorio de otro Estado.
- Falta de autorización del Consejo de Seguridad.
- Ausencia de legítima defensa comprobada.
- Afectación directa a la independencia política del país intervenido.
De confirmarse esta interpretación, la acción constituiría una violación grave del orden jurídico internacional, con consecuencias políticas y diplomáticas de largo alcance.
Un precedente peligroso
Más allá del caso venezolano, la intervención plantea una inquietud mayor: si una potencia puede capturar militarmente a un jefe de Estado extranjero sin aval multilateral, el sistema de seguridad colectiva diseñado tras la Segunda Guerra Mundial queda seriamente debilitado.
El derecho internacional, sustentado en la Carta de las Naciones Unidas, fue creado precisamente para evitar que la fuerza sustituya a la diplomacia y al derecho. La forma en que la comunidad internacional responda a este hecho marcará un precedente clave para el futuro del orden global.
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