En Puerto Rico se le llama “chota”, en Colombia “sapo”, en México “soplón”, en España “chivato” y en República Dominicana “delator”, aunque popularmente también se le dice chivato; en cualquier caso, se trata de una persona que tiene información privilegiada sobre actos de corrupción y confiesa ante la justicia para evitar penas severas.
Es así como, mediante acuerdos con el Ministerio Público, los malhechores, luego de cometer fechorías, asumen culpabilidad y logran beneficios, no sin antes arrastrar a otros imputados.
Incluso, en los últimos años, esta acción "colaborativa" ha sido aplaudida y felicitada por el MP.
Esta es una recopilación de fraudes cuyos delatores fueron fichas estratégicas para desenredar el caso.
Desfalco al Senasa
El 2025 cerró con uno de los peores delitos jamás ocurridos en el sector salud: El desfalco al Senasa o caso Cobra. Un robo de RD$15,000 millones y que solo en sobornos los implicados recibieron más de RD$2 mil millones.
En el entramado corruptivo, diez personas resultaron implicadas, siendo el exdirector de Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, el cabecilla de la hazaña.
Desde el 2024, la Procuraduría General de la República construía el expediente que sacó a la luz los patrones fraudulentos en la entidad, no sin antes valerse de la confesión y "colaboración activa y voluntaria" de fichas claves para desenredar el caso.
El principal delator fue Eduardo Read Estrella, quien presentó más de doce cajas con pruebas de arraigo ante el juez de Atención Permanente Rigoberto Seba.
También colaboraron Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo; ganaron arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Operación Discovery 3.0
La Operación Discovery 3.0, fue una red internacional de ciberfraude, robo de identidad y lavado de dinero, que estafaba a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro a través de plataformas digitales.
Esta red fue desmantelada en el 2025. Se ejecutaron un total de 34 allanamientos distribuidos entre Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, en los que participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional.
Decenas de personas figuraban como implicados de la estructura criminal. De estos, debido a su “cooperación en el proceso”, cinco negociaron con las autoridades y se libraron de penas severas. Una parte del resto fue extraditada a los Estados Unidos y otra cumple cárcel en el país.
Bajo arresto domiciliario quedaron Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña. Mientras que a Gipsy Pamela Castaños García le impusieron garantía económica de RD$500 mil, a través de una compañía aseguradora.
Operación Lobo
"Lobo" fue una red que se valía de la distribución de sobornos para la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas. Por lo que esta investigación llevó al arresto de militares y civiles.
De diez imputados, cinco confesaron e indicaron el protagonismo de otros implicados en los hechos que afectaron a varias instituciones del Estado.
Los que confesaron obtuvieron arresto domiciliario. Entre eso figura Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, los coroneles Andrés Pacheco Valera y Ramón Quezada Ortiz, así como el primer teniente Wellington Peralta Santos. Mientras que el resto le impusieron prisión preventiva.
Begonias
"Operación Begonias" fue una red de trata de personas, con fines de explotación sexual y con la que se rescató a más de 40 mujeres. En esta trata de personas, los implicados confesaron y negociaron con las autoridades para obtener penas menos rígidas.
A Johanse Díaz Casado le impusieron arresto domiciliario, una garantía económica de RD$50 mil e impedimento de salida.
Mientras que Johanse Díaz Lemonier (Johan) y Lilian Yleana Sierra Espinosa recibieron una garantía económica de 25 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Operación Pandora
En el 2024 estalló la “Operación Pandora”, la red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional. En este entramado se sustrajo más de 900,000 proyectiles y municiones.
De 10 implicados, tres confesaron cómo operaba la red. Por su colaboración con el MP, lograron acuerdos con el órgano acusador.
Se trata de los rasos Ángel Rubíer Martínez, Juan Luis Díaz Medina y la civil Miguelina Bello Segura; le dictó prisión domiciliaria en su residencia en Pedernales. El resto recibió prisión preventiva.
Operación Camaleón
El caso de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se denominó "Operación Camaleón". Salió a la luz luego de que en agosto de 2024 se generara un apagón en los semáforos de la capital.
Destapando así la adjudicación de contratos millonarios y fraudulentos a las empresas Transcore Latam y Aurix, propiedad del implicado Jochi Gómez. Según el MP, estas empresas no contaban con la capacidad técnica requerida.
Como medida de coerción, a Hugo Beras y Pedro Padovani, recibieron una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica e impedimento de salida sin previa autorización judicial. Mientras que a Jochi Gómez le impusieron el pago de RD$2 millones.
Operación Gavilán
La “Operación Gavilán” fue una red criminal que borró y alteró a cambio de sobornos registros de antecedentes penales de cientos de personas en la base de datos de la Procuraduría General de la República.
En la red resultaron implicados un fiscal del Distrito Nacional y otros 16 agentes policiales. De estos, siete imputados colaboraron con el MP y admitieron culpabilidad.
Estos fueron Anthony Vicente Ferrer, miembro de la Policía Nacional; Luis Alfredo Astacio Polanco, Dilcia Núñez, trabajadora de la cárcel La Victoria; Pilar Media de Dotel, empleada de la Procuraduría, Ruben Darío Morban, Alfredo Mirambeaux Villalona y Mártir Rosario Reyes.
Operación 13
La “Operación 13” fue una red de corrupción perpetrada en la Lotería Nacional, cuyo nombre del operativo está vinculado al bolo utilizado en el fraude del sorteo de quinielas efectuado el 1 de mayo de 2021, que dejó pérdidas estimadas en RD$500 millones a dueños de bancas de lotería.
En este caso, seis de diez imputados asumieron haber organizado el fraude millonario en perjuicio de las bancas de juegos de azar. Por su confesión y entrega de una parte del dinero producto del sorteo fraudulento, el MP favoreció a los implicados con la suspensión de ir a prisión.
Los beneficiados fueron Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalle, Valentina Rosario Cruz, pero a pesar de sus testimonios, fueron condenados a cinco años de prisión.
Mientras que Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y Rafael Mesa obtuvieron suspensión de pena.
Operación Calamar
En el 2023 se destapó la “Operación Calamar”, un caso que involucraba a funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Esta red sustrajo más de RD$19 mil millones del Estado.
Entre los imputados figuran los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo; este último aspiraba a la presidencia de la República en el 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Con los testimonios, la Pepca construyó unas 3,662 páginas del expediente de solicitud de medida de coerción. Entre los delatores figura Francisco Pagán Rodríguez, Bolívar Ventura y Ramón Emilio Jiménez Collie.
Según el MP, Pagán entregó dinero en efectivo a Gonzalo Castillo y coordinaba reuniones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Jiménez Collie admitió haber recibido al menos RD$700 millones obtenidos de manera fraudulenta por Castillo. Mientras que Bolívar Ventura confesó que la red utilizaba sus empresas para distraer cientos de millones de pesos del Estado.
Operación Medusa
En 2021, la "Operación Medusa" fue el caso que involucra al exprocurador general de la República Dominicana en el período 2016-2020, Jean Alain Rodríguez, y a un grupo. Un entramado que sustrajo al menos RD$1,000 millones.
En este caso, la exencargada del Departamento de Almacén y Suministro de la Procuraduría General, Rainery Elizabeth Medina Sánchez, figuró como principal delatora, admitiendo su participación en las fechorías y responsabilizó además a otros implicados. Así logró arresto domiciliario.
Sin embargo, Medina Sánchez obtuvo arresto domiciliario, ya que fue señalada como la “cabecilla” del robo de 700 televisores de la Procuraduría. También colaboró con el MP, Antón Casanova, entregando evidencias de los sobornos; así se salvó de ser imputado a ser testigo.
En este caso, 26 de 63 implicados admitieron los hechos y se declararon culpables de acto de corrupción a través de asociaciones de malhechores para estafar al Estado con millones de pesos.
Operación Coral 5G
En el 2021 se destapó la “Operación Coral 5G”, una red que implicó a militares de altos rangos, acusados de estafar al Estado con más de RD$4,500 millones a través de nombramientos irregulares y otras anomalías presentadas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En el caso sobresalió la figura del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con la Procuraduría.
Girón admitió su participación y chivateó en un juicio público cómo operaba la red. Por sus declaraciones, recibió como medida de coerción prisión domiciliaria en una residencia de la cual a la fecha se desconoce su ubicación, por motivos de seguridad.
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