El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia estatal de Edison José Torres Fernández, un preso político en Venezuela de 52 años, ocurrida el 10 de enero de 2026 en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7. El caso se registró 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones de presos políticos por parte del régimen de Delcy Rodríguez.
Edison José Torres Fernández, funcionario de la Policía del estado Portuguesa adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare y con más de veinte años de servicio, fue detenido el 9 de diciembre de 2025 tras difundir mensajes críticos hacia el régimen y el gobernador local. Fuentes extraoficiales señalan que se le imputaron cargos de traición a la patria y asociación para delinquir.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han proporcionado información oficial sobre las circunstancias ni las causas de la muerte de Edison Torres Fernández, ni sobre la atención médica que habría recibido durante su detención. El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos responsabiliza al Estado venezolano por la vida e integridad de las personas privadas de libertad y exige una investigación independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos que siguen bajo custodia.
La muerte de presos políticos en Venezuela ha sido documentada por diversas organizaciones de derechos humanos. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al menos 22 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano en la última década, como resultado de negligencia, condiciones inhumanas de detención y la negación de atención médica oportuna. El OVP ha reportado retrasos en diagnósticos, falta deliberada de asistencia sanitaria y presiones a familiares para que no se hagan públicas estas muertes. También se han registrado entierros bajo custodia militar y con medidas de secretismo, según reportes de Infobae.
Entre los casos emblemáticos recientes figura el de Reinaldo Araujo, dirigente opositor que murió en prisión tras negársele asistencia médica pese a los reiterados pedidos de su familia. Su fallecimiento elevó a 21 el número de muertes bajo custodia del chavismo en la última década, muchas de ellas atribuidas a negligencia médica, según datos de Infobae. Asimismo, el ex gobernador Alfredo Díaz murió en diciembre de 2025 en condiciones similares de aislamiento y falta de atención médica adecuada en la prisión de El Helicoide. Organizaciones opositoras atribuyen siete muertes a la represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Otros casos incluyen la muerte de Lindomar Amaro Bustamante por suicidio, cuyo entorno familiar denunció que había intentado quitarse la vida previamente y no recibió la protección necesaria, lo que agrava la responsabilidad del Estado.
La situación de los presos políticos en Venezuela se agrava por denuncias de tortura, aislamiento, desapariciones forzadas y la negación sistemática de derechos procesales. Diversos informes señalan que muchos detenidos sufren enfermedades graves sin acceso a tratamiento, lo que aumenta el riesgo de desenlaces fatales. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón estima que al menos 60 presos padecen afecciones muy graves, como cáncer avanzado y dolencias cardíacas, sin la atención médica necesaria, según reportes de Infobae.
Familiares y organizaciones han reclamado investigaciones independientes y medidas para garantizar la vida e integridad de los reclusos. Tanto el OVP como el Comité de Familiares insisten en la necesidad de rendición de cuentas para evitar la perpetuación de prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro, el régimen chavista anunció la excarcelación de presos políticos. Hasta la fecha, se han registrado menos de veinte liberaciones, mientras familiares de otros detenidos permanecen en las afueras de cárceles y centros de reclusión a la espera de novedades sobre sus seres queridos.
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