Santo Domingo.– El Senado aprobó este sábado el proyecto de ley sometido por el senador Franklin Romero, que autoriza de manera excepcional el pago de deudas por obras públicas ejecutadas sin contrato formal por pequeños contratistas, ingenieros, supervisores y asfalteros que durante décadas trabajaron para el Estado sin recibir compensación.
Durante su intervención en el hemiciclo, Romero explicó que la iniciativa busca corregir una injusticia histórica provocada por fallas administrativas y vacíos normativos que impidieron la formalización y el pago de obras que fueron recibidas, utilizadas y puestas en funcionamiento por el propio Estado.
“Esta situación ha producido un enriquecimiento sin causa del Estado y un empobrecimiento injusto de quienes actuaron de buena fe, aportando recursos propios para el beneficio de las comunidades”, expresó.
El legislador enfatizó que la ley no busca debilitar el régimen de contrataciones públicas, sino crear un mecanismo excepcional, restrictivo, transparente y verificable que permita reconocer derechos adquiridos y restablecer la equidad.
Romero reveló que hay casos de personas que llevan hasta 30 años esperando el pago, y que al menos 20 contratistas fallecieron sin recibir lo que les correspondía por obras que financiaron de su propio bolsillo.
“Muchos quedaron endeudados, perdieron su patrimonio y murieron en pobreza, mientras las obras que construyeron siguen sirviendo al país. Esto es más que una ley, es un acto de justicia humana”, dijo.
El proyecto aprobado reconoce como acreedores del Estado a decenas de empresas, ingenieros y contratistas que ejecutaron obras en provincias como San Juan, Elías Piña, San Cristóbal, Peravia, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, La Altagracia, La Romana, Montecristi, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras.
Entre los municipios impactados figuran San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán, El Cercado, Comendador, Hondo Valle, Pedro Corto, Jínova, Higüey, Baní, Nigua, Haina, San Cristóbal, Cotuí, Fantino, Bonao, Villa Isabela, La Romana, San Pedro de Macorís, Verón, Nagua y Montecristi, entre muchos otros.
Instituciones incluidas
La ley abarca deudas generadas por entidades como:
• Ministerio de Obras Públicas (MOPC)
• Ministerio de Educación (MINERD)
• Ministerio de Vivienda (MIVHED)
• INVI
• INAPA
• INDRHI
• CAASD
• OISOE
• CPADP
• Junta Central Electoral (JCE)
El proyecto establece que el Ministerio de Hacienda, junto a la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional, será responsable de verificar, auditar y certificar cada expediente antes de autorizar los pagos.
Los montos serán calculados conforme a los precios vigentes al momento en que se ejecutaron las obras, y los pagos podrán realizarse mediante transferencias presupuestarias, bonos u otros mecanismos financieros.
El proceso será supervisado por el CODIA y la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos (ANPRAS) como veedores oficiales.
Además, Hacienda deberá remitir informes trimestrales al Congreso detallando los pagos realizados.
La ley establece que este mecanismo es por única vez y de carácter estrictamente excepcional, y no podrá usarse como precedente para futuras reclamaciones sin contrato.
“Estamos creando el marco legal para que el Estado pague lo que debe. Esto es justicia, dignidad y moral pública”, concluyó el senador Franklin Romero.
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