SANTO DOMINGO, RD.- Diversos sectores de la sociedad han reaccionado con preocupación ante la aprobación, en la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley declarado de urgencia que autoriza el pago de obras ejecutadas sin contratos formales desde el año 1996. Para algunos, esta iniciativa podría abrir la puerta a actos de corrupción.
La pieza legislativa contempla el desembolso de fondos públicos para obras realizadas sin la debida documentación que respalde su ejecución, lo que ha generado suspicacia entre representantes de distintos sectores sociales, quienes cuestionan la falta de controles y garantías de transparencia.
El controvertido proyecto fue aprobado sin la participación de los diputados de la oposición, quienes denunciaron la rapidez con que la bancada oficialista conoció y sancionó la iniciativa, sin un debate amplio ni consensuado.
Desde el sector empresarial, aunque reconocen la necesidad de saldar deudas con pequeños contratistas por trabajos realizados, exhortan al Ministerio Público y a los organismos de control del Estado a mantenerse vigilantes durante el proceso de verificación y pago, a fin de evitar irregularidades.
Algunos sectores coinciden en que el Estado debe honrar las deudas pendientes, pero insisten en que el proceso debe realizarse respetando los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
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