República Dominicana. — A pesar de los pasos dados por el Estado dominicano entre 2022 y 2023 para regular el trabajo doméstico, miles de mujeres que se desempeñan en este sector continúan laborando en condiciones de clara desigualdad frente a los empleados de empresas formales, sin acceso pleno a derechos laborales fundamentales que garanticen estabilidad, protección y dignidad.
La formalización parcial del trabajo doméstico —que incluyó el establecimiento de un salario mínimo, la exigencia de contratos escritos y la incorporación a la seguridad social— fue presentada como un logro histórico. Sin embargo, en la práctica, estas disposiciones resultan insuficientes para garantizar justicia laboral real a un sector históricamente invisibilizado y vulnerado.
Aunque contar con un salario mínimo representa un avance frente a décadas de abandono institucional, el trabajo doméstico sigue siendo tratado como una categoría laboral de segunda clase. Las trabajadoras continúan excluidas de derechos básicos como la cesantía, el preaviso, la indemnización por despido injustificado y licencias completas por maternidad, beneficios que sí amparan a cualquier trabajador bajo el Código de Trabajo dominicano.
Esta brecha legal consolida una forma de discriminación estructural que afecta, en su mayoría, a mujeres de escasos recursos, muchas de ellas jefas de hogar. En la práctica, se reconoce la importancia del trabajo doméstico, pero no se le otorga el mismo valor jurídico ni social que al trabajo realizado en empresas formales.
La realidad del sector se refleja en los testimonios de las propias trabajadoras. María Pérez, trabajadora doméstica, expresó su opinión sobre las condiciones laborales, los maltratos y los bajos salarios que enfrenta el sector:
“Pues yo lo que pienso es que si a uno le pagan un sueldo justo, uno no va a quererse dejar un trabajo, sobre todo si le reconocen el tiempo de descanso y lo tratan con dignidad”.
Sus palabras resumen una demanda básica: salario justo, respeto al tiempo de descanso y trato digno, elementos que aún no están garantizados de manera generalizada.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos laborales advierten que mantener el trabajo doméstico fuera del marco pleno del Código de Trabajo perpetúa la desigualdad y normaliza la precariedad. Sostienen que no basta con resoluciones administrativas o anuncios oficiales, sino que se requiere voluntad política para incorporar estos derechos por ley, acompañados de mecanismos efectivos de supervisión y sanción.
A esto se suma la escasa fiscalización estatal, que permite que muchas empleadoras y empleadores incumplan incluso las normas vigentes, dejando a trabajadoras sin contratos formales ni afiliación a la seguridad social. Esta situación contradice los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana, incluyendo los principios del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientados a garantizar trabajo decente para este sector.
Defensoras del tema insisten en que reconocer plenamente los derechos de las trabajadoras domésticas no es un privilegio, sino una deuda histórica del Estado dominicano. La igualdad ante la ley no puede depender del lugar donde se trabaje, sino del valor del trabajo humano y del respeto a la dignidad de quienes lo realizan.
Mientras estas exclusiones no sean corregidas, el discurso de avance seguirá chocando con una realidad marcada por la desigualdad y la falta de protección para miles de mujeres que sostienen, desde los hogares, una parte fundamental de la vida económica y social del país.
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