El Banco Agrícola de la República Dominicana revocó oficialmente el proceso de licitación para la “Adquisición del Servicio y Soluciones de Ciberseguridad Integral 360”, identificado con la referencia BAGRICOLA-CCC-LPN-2025-0006, cuyo presupuesto ascendía a RD$475,730,086.56.
La cancelación se produjo tras las denuncias formuladas por el comunicador Delvys Lanfranco, y fue aprobada mediante un acta administrativa de la Unidad de Compras del banco apenas 16 horas después de la publicación original, deteniendo además la fase de presentación de ofertas, según figura en el portal de transparencia de la entidad.
Bajo escrutinio
El Banco Agrícola ha estado bajo escrutinio público tras una investigación del periódico Panorama, que analizó los estados financieros auditados al cierre de 2024. El informe reveló que, aunque la institución reporta una cartera de crédito total de RD$39,105.5 millones, aproximadamente 23.5 % de esos préstamos , equivalentes a más de RD$9,100 millones, están en condiciones de deterioro, reestructuración, mora o en proceso judicial, niveles que, según auditores, no están adecuadamente provisionados conforme a normas prudenciales para una banca pública.
Además, se ha señalado que el banco no ha explicado por qué un porcentaje tan significativo de la cartera se encuentra fuera de condición normal, ni ha detallado la calidad real de los créditos reestructurados y vencidos, lo que plantea dudas sobre el verdadero riesgo crediticio que asume la institución.
Otro detalle que detalla el reportaje de Panorama es que, según una auditoría externa, el Banco Agrícola ha mostrado signos de deterioro interno, con proporciones importantes de préstamos en mora o litigio, y provisiones insuficientes para cubrir el riesgo asociado, a pesar de que la calificadora internacional le otorgó una calificación “AAA” basada en la garantía ilimitada del Estado dominicano.
La cancelación de la millonaria licitación de ciberseguridad se suma a un contexto de cuestionamientos sobre la gestión financiera del Banco Agrícola, generando debate sobre prioridades de gasto y transparencia en la administración pública, especialmente en un banco estatal cuya misión central es el financiamiento agropecuario.
Desde la institución se ha defendido la solidez operativa, mientras que autoridades y analistas exigen claridad sobre la calidad de cartera, provisiones y mecanismos de control interno, en un escenario donde la confianza pública se ha convertido en un tema clave.
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