El secretario general de la Fuerza del Pueblo (FP), Antonio Florián, afirmó que el agua potable no puede ser tratada como una mercancía ni utilizada como un mecanismo de ajuste financiero, al rechazar el reciente anuncio de aumento en la tarifa del servicio por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
Florián calificó la medida como injusta, inoportuna y socialmente insensible, al considerar que impacta de manera directa a miles de familias del Gran Santo Domingo en un contexto marcado por el alto costo de la vida, el encarecimiento de los servicios básicos y la pérdida de la capacidad adquisitiva de los hogares.
"El agua potable es un derecho fundamental y un servicio público esencial. No puede ser tratada como una mercancía ni utilizada como mecanismo de ajuste financiero en perjuicio de la población", sostuvo el dirigente político.
El secretario general de la FP señaló que, antes de plantear aumentos tarifarios, las autoridades deben priorizar la mejora de la gestión del sistema, la reducción de pérdidas, la inversión en infraestructura, el combate al despilfarro y la garantía de un servicio eficiente, continuo y de calidad.
Asimismo, cuestionó la falta de información clara y la ausencia de un proceso de consulta pública previo a la adopción del aumento, lo que, a su juicio, evidencia una desconexión entre las autoridades y las necesidades reales de la ciudadanía.
En ese sentido, llamó al gobierno a reconsiderar la medida y a abrir un espacio de diálogo con los sectores sociales y comunitarios para definir una política hídrica que garantice un acceso justo, equitativo y sostenible al agua potable.
Denuncian irregularidad del servicio
En apoyo a esta posición, el ingeniero Hamlet Otáñez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y titular de su Secretaría de Agua Potable y Saneamiento, recordó que durante todo el año 2025 numerosas comunidades del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo denunciaron la falta de suministro continuo, la extrema irregularidad del servicio y la imposibilidad de planificar la vida cotidiana ante un acceso al agua que en algunos casos se limita a una vez al mes o desaparece durante semanas.
Otáñez consideró inaceptable que, frente a esta situación ampliamente conocida, la CAASD opte por aumentar el costo del metro cúbico de agua sin que exista una mejora previa en la calidad, cantidad y continuidad del servicio.
Advirtió además que trasladar a la población el peso de ineficiencias estructurales no atribuibles a los usuarios profundiza la inequidad en el acceso a un servicio público esencial.
Finalmente, reiteró que no puede existir justicia tarifaria sin un sistema confiable y medible, y que incrementar tarifas en un contexto de baja micromedición, fallas operativas y desigualdades territoriales equivale a institucionalizar la inequidad en el acceso al agua potable.
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